El Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) de la Defensoría del Pueblo identificó y documentó 30 hechos relevantes relacionados con vulneraciones de derechos, expresiones de racismo y discriminación, actos de violencia y manifestaciones de discurso de odio en el actual contexto electoral.

Martín Torrico, responsable del ODRD, explicó que estos 30 casos evidencian una preocupante tendencia en el uso de expresiones discriminatorias, tanto en espacios físicos como en entornos digitales.

"Los hechos registrados muestran diversas formas de afectación, entre ellas agresiones físicas, ataques verbales, estigmatización pública, exclusión por motivos étnicos, culturales o de género, así como la difusión de mensajes de odio que incitan a la polarización y vulneran los principios de igualdad y dignidad humana", detalló.

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El boletín del ODRD, "Miradas que Transforman", destaca incidentes relacionados con el uso de la Wiphala: el primero ocurrió en la plaza principal de Llallagua, donde el símbolo fue retirado de uno de los mástiles; el segundo, durante el aniversario de San Ignacio de Velasco, cuando una mujer intentó desfilar portándolo.

Otros dos casos de incitación a la violencia electoral, difundidos en redes sociales, involucran al vicepresidente del Concejo Municipal de Trinidad, quien expresó que “ningún colla de mierda” iba a “adueñarse” de las instituciones regionales; y a una dirigente de un partido político que afirmó que “van a contar muertos y no votos”.

En ambos casos se vulneran los principios de igualdad y dignidad humana reconocidos por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU, 1965), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), instrumentos que obligan a los Estados a prevenir y sancionar actos discriminatorios.

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Recientemente, un diputado electo realizó comentarios racistas y discriminatorios hacia personas que practican el acullico de la hoja de coca. En respuesta, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento instando al TSE a aplicar el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones, conforme al inciso g) del Artículo 25, que establece sanciones para partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Asimismo, exhortó a implementar medidas preventivas que eviten la repetición de estos hechos, sin perjuicio de iniciar acciones penales conforme a la Ley N° 045.

Ante esta situación, el ODRD, junto al Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, formuló un Plan de Incidencia para la Prevención del Racismo, la Discriminación y el Discurso de Odio. Además, sostuvo reuniones con las fundaciones Construir e Internet Bolivia, con el fin de fortalecer alianzas estratégicas y definir líneas de acción conjuntas orientadas a promover un entorno democrático, respetuoso e inclusivo durante las Elecciones Nacionales 2025.