Para quienes sufrimos la realidad de los embates de un sistema judicial y el Ministerio Público que se arrastran en el lodo, es perfectamente comprensible el sentido de la palabra miedo. Un miedo generalizado ante el poder que ha corrompido y envilecido todos sus niveles. El miedo no solo lo sienten los ciudadanos que tienen que entrar al infierno del sistema, sino también muchos de sus funcionarios y, peor aún, algunos de los que ejercen ese poder en niveles intermedios y responden a órdenes aberrantes, porque en el fondo no saben en qué momento las prebendas y ventajas que tienen en los cargos que ejercen desaparecerán y en qué circunstancias, de acuerdo a las necesidades de quienes manejan los hilos de las marionetas, pasarán de verdugos a víctimas, de perseguidores a perseguidos.

Llevamos doce años y medio de gobierno del MAS. Hasta el 2011, el Ejecutivo se encargó de descabezar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional para mantener la impunidad ante la carencia de mecanismos jurídicos de denuncia de cualquier arbitrariedad. Pero vino mucho más y mucho peor, el invento más destructivo de todos, la supuesta democratización de la justicia a través del voto popular y la perversa selección previa del Legislativo que, gracias a los dos tercios, se convirtió en la imposición de militantes serviles al poder disfrazados de voto popular. Dos veces consecutivas (2011 y 2017) el pueblo le dio una bofetada a esa pantomima con más de 60 % de votos nulos y blancos, sin precedentes en la historia del país. Por supuesto, los dueños de los tres poderes hicieron caso omiso una vez más de la voluntad popular y posesionaron a los "elegidos".

Nunca, lo que se dice nunca, el país tuvo un Órgano Judicial y un Ministerio Público en el que se combinaran en uno solo los tres peores rasgos que puede tener un magistrado: militancia política obsecuente, corrupción e ineptitud que linda con el analfabetismo en cuestiones de práctica jurídica. Todo ello condimentado con el miedo traducido en una espada de Damocles siempre pendiendo sobre las cabezas de los magistrados y fiscales.

Alexander lo expresa en toda su crudeza. El niño murió por sus terribles condiciones generales, pero además presentó una hemorragia anal, la presunción automática fue probable violación. Se acusó en paquete a dieciséis funcionarios del centro médico y en concreto al especialista Jhiery Fernández. La pericia forense que hizo la Dra. Ángela Terán estableció que no había señal alguna de violación ni rastros de fluidos que la probaran, pero el informe fue rechazado por la forense Ángela Mora representante de la fiscalía, que afirmó lo contrario sin presentar prueba alguna de patrón genético ni otra complementaria que demostrara la supuesta vejación sexual del infante. De ese modo, en 2014, Fernández fue condenado a veinte años de cárcel y allí está ya casi cuatro años. Misteriosamente, en septiembre de 2018 se filtró un audio de Patricia Pacajes la jueza que condenó al médico, quien en una fiesta y con crudeza afirmó sin dubitar que Fernández es inocente y que ella falló presionada, que el informe de Mora carecía de un mínimo de profesionalismo, vinculando además a esta profesional con el fiscal Ramiro Guerrero, cuyo desempeño como militante del masismo he vivido en carne propia.

Este grotesco próximo al teatro del esperpento, ha dado lugar a un cruce entre la fiscalía y el ministerio de Justicia cuyo titular, Héctor Arce, afirmó que el caso "muestra la mala calidad de nuestra justicia". Sabe muy bien de lo que habla.

No es difícil adivinar el camino que seguirá el gobierno. Escogerá las víctimas propiciatorias convenientes, comenzando por la jueza cuyo fallo es ciertamente impresentable, probablemente arrastrará a la forense de la fiscalía, ajustará alguna clavija en la fiscalía de La Paz y, como ya está de salida, dejará en el ostracismo al ya descartable fiscal general… y aquí no ha pasado nada. En efecto, no ha pasado nada, la justicia boliviana continuará, mientras este gobierno se mantenga en el poder, en el estado de putrefacción que la caracteriza.

Aunque solo sea para recuperar al Órgano Judicial de su peor momento histórico, para luchar por una justicia independiente, proba e idónea, imprescindibles para la vida de la democracia, un cambio en la conducción del Estado se hace indispensable.