El 10 de octubre de 1982, en la República de Bolivia, se instauró el gobierno democrático de la UDP, coalición liderada por Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora. Fue el final de una larga odisea en la que miles de mujeres y hombres ofrendaron sus vidas por una causa noble: la democracia, entendida como el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades mediante el voto, en elecciones transparentes y justas.

La democracia implica, además, la vigencia plena de los derechos humanos, el respeto absoluto a la dignidad de las personas y la búsqueda incesante del bien común, valores fundamentales que, con el paso del tiempo, deben prevalecer y fortalecerse siempre.

Como todo político, Siles Suazo fue un personaje con luces y sombras. Ciertamente, para el departamento de Santa Cruz su recuerdo es polémico, con episodios poco gratos; pero es pertinente reconocer que durante el gobierno de la UDP, en medio de la mayor crisis económica de los últimos 50 años, buscó la reconciliación, evitó las persecuciones políticas y soportó, casi con estoicismo, la inclemente oposición que tuvo al frente, hasta admitir el recorte de su mandato sin condicionamientos ni chantajes. De ese tiempo quedó en la memoria la recordada frase: “El hambre no espera”.

Del gobierno de la UDP quedan dos lecciones: que un país en crisis requiere de un gobierno con valentía política y claridad técnica para asumir medidas urgentes destinadas a evitar el hambre del pueblo, y que los dirigentes políticos deben tener desprendimiento y grandeza para garantizar una condición fundamental: la gobernabilidad.

En 1985, Víctor Paz Estenssoro asumió el mando de la nación. Su desafío era enorme: sacar a Bolivia de una de las mayores hiperinflaciones del mundo y de un histórico desplome de la cotización internacional del estaño, que entonces era la riqueza mineral que sostenía, a duras penas, la economía del país.

Paz Estenssoro y Hugo Banzer Suárez firmaron el Pacto por la Democracia y lograron una mayoría parlamentaria suficiente para viabilizar reformas profundas en la economía, como la reforma impositiva. Posteriormente llegó el gobierno de Jaime Paz Zamora y el Acuerdo Patriótico, de origen legal, pero ilegítimo, porque implicó un desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas. Aun así, prevalecieron ciertas políticas de Estado y los pactos políticos fueron fundamentales para mantener la estabilidad institucional.

En 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada ganó las elecciones con una clara mayoría, formó coaliciones y llevó adelante nuevas reformas políticas y económicas como la Capitalización, la Participación Popular, la Reforma Educativa y la reconducción de la Reforma Agraria (Ley INRA). Posteriormente fue el turno de Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Sánchez de Lozada por segunda y accidentada ocasión, Carlos Mesa por sucesión constitucional, Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce Catacora.

Evo Morales se convirtió en el hombre que ha gobernado Bolivia por más tiempo, desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. Pudo ser el gobernante que cerrara heridas, promoviera una reconciliación histórica y consolidara un Estado de Derecho por encima de los apetitos personales. Tuvo aciertos, es verdad, pero en este 10 de octubre su legado se ha reducido a una decadencia moral.

Este 10 de octubre llega en medio de una encrucijada histórica: un país al borde de la recesión económica, en vísperas de un inédito balotaje, en medio de la campaña electoral más larga y más envilecida de la historia reciente, y con una sociedad tan polarizada como hace décadas.

Cuarenta y tres años de democracia se dicen fácil, pero es difícil vivirlos en medio de logros, conflictos, muertos y heridos en nombre de la democracia. Algo se hizo mal en todo este tiempo, porque Bolivia retrocede mientras otros países avanzan. Algo provoca desencanto y decepción. Algo tiene que cambiar, y el 19 de octubre puede ser un punto de inflexión. Que el pueblo elija, y ojalá no se equivoque.