Un personero del Tribunal visitante ha sostenido: “Nosotros queríamos conocer cuál era el impacto de la construcción de la carretera y los impactos ambientales sobre la biodiversidad que, al parecer, son evidentes. Nosotros ya tenemos datos, información, fotografías y otros documentos sobre estas denuncias. Indicaron que les hubiese gustado conversar con los indígenas de esa región”, pero, debido a que fueron retenidos durante cinco horas por cocaleros, no fue posible el intento que tenían de llegar al Polígono 7, el día domingo 19 de agosto.

Los integrantes del Tribunal en Defensa de la Naturaleza querían seguramente comprobar personalmente hasta qué punto se ha invadido las tierras de los pueblos indígenas por parte de cocaleros que al parecer las han cubierto de plantas de coca que, está probado, sirve para “satisfacer las urgencias y necesidades del narcotráfico para fabricar droga”, puesto que la coca cultivada en la región del Tipnis es similar a la coca del Chapare que, según los propios campesinos, “es dura y amarga y no sirve para el masticado”.

Cuando mediante las leyes pertinentes se creó las reservas nacionales que se considera parques nacionales, se sostuvo que por ningún motivo se cultivaría coca en esas tierras; el hecho de que no se hayan cumplido las disposiciones implica que se ha violentado la ley y con ello se vulnera los derechos de los habitantes que poseen tierras solamente para el cultivo de frutas, especies, plantas medicinales, hortalizas, tubérculos, etc. que sirven para la alimentación.

El que desde hace tiempo se haya denunciado, por parte de los habitantes de la región, que se cultiva coca debido a la invasión de cocaleros, ha sido de conocimiento del gobierno que ha negado la existencia de esos cultivos y que, de ser ciertos, habrá las erradicaciones consiguientes. Últimamente, el propio Ministro de Gobierno ha dicho, sobre personeros del Tribunal Internacional, que “se trata de una plataforma de ONGs que intentó visitar el Tipnis sin permiso de los indígenas”.

Los pobladores de esta región, como todos los que están asentados en reservas, tienen derecho a rechazar las plantaciones de coca porque saben lo nocivo que sería para ellos y, sobre todo, la gran cantidad de males que les acarrearía la presencia de cocaleros que no pertenecen a sus pueblos. El gobierno, por principio moral y por ley, está obligado a desalojar a cocaleros y, además, exigir que se cumplan las leyes referidas a las reservas.