El Órgano Judicial, a través de la totalidad de sus magistrados y consejeros, respaldó las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien pidió la renuncia de los magistrados «autoprorrogados» del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Además, advirtieron que, si no dimiten, continuarán con el debido proceso ante la justicia.

“En caso de que no renuncien los magistrados autoprorrogados, vamos a dejar que se continúe con un debido proceso, como ya ha iniciado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia a través del Ministerio Público”, declaró el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista.

Los magistrados y consejeros de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura respaldaron la postura de Saucedo y enfatizaron que se trata de una posición institucional y no personal.

Baptista aclaró que, si bien la Magistratura no puede interferir en las decisiones judiciales, se garantizará un proceso diligente, sin intromisiones, y se protegerá la independencia del juez que lleve el caso.

“Estamos nada más que exigiendo el cumplimiento de la norma y de la ley. Quiero desechar cualquier comentario que sugiera un enfrentamiento entre instituciones fundamentales como el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional”, precisó Baptista.

Agregó que los vínculos institucionales deben continuar y que el problema no es con el TCP como órgano, sino con ciertos magistrados que, indicó, ya cumplieron su mandato constitucional en 2023.

“Queremos demostrar que el Órgano Judicial, con todas sus instituciones, está totalmente unido y actúa razonadamente en favor del pueblo boliviano”, afirmó.

La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, también expresó su respaldo a la decisión institucional respecto a los magistrados prorrogados y aclaró que esta posición no afecta la organización de las elecciones de segunda vuelta.

“El Órgano Electoral es el encargado de administrar las elecciones, no el Tribunal Constitucional. Tampoco se está descabezando esta institución, ya que existen cuatro magistrados habilitados para ejercer justicia constitucional”, explicó Ruiz.

Por su parte, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, sostuvo que apoya la decisión de Saucedo frente a lo que considera una “usurpación de funciones” por parte de los magistrados “autoprorrogados” desde 2023.

“Esta declaración constitucional constituye un quiebre del sistema y un desconocimiento de la soberanía democrática que nos eligió. El artículo 183 y 200 de la Constitución establece que el mandato es de seis años”, afirmó Méndez.

El magistrado reiteró que se trata de una posición institucional y no personal que busca reencauzar la democracia, ante lo que calificó como una triple crisis que vive el país desde lo económico, institucional y moral.