Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 09 de octubre de 2025
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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A diez días de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente de Bolivia, las principales instituciones del Estado y organismos de observación internacional cerraron filas en defensa del proceso democrático. El respaldo se produjo tras un fallido intento legislativo, impulsado desde una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que pretendía cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce, cuyo periodo concluye constitucionalmente el 8 de noviembre. El mandatario aseguró ayer que concluirá su mandato en los tiempos legales.
Contenido
El proyecto de ley, presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas, fue incorporado sorpresivamente al orden del día del Senado mediante dispensación de trámite, con apoyo de legisladores del MAS y una fracción minoritaria de Comunidad Ciudadana. Sin embargo, una ola de críticas institucionales y políticas forzó su retiro antes de ser debatido en el pleno.
El intento de boicot se gestó en medio de una disputa interna entre las corrientes del MAS —arcistas, evistas y androniquistas—. El senador Vargas, afín a Andrónico Rodríguez, reintrodujo un proyecto ya retirado hace dos semanas, generando confusión y tensiones.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se desmarcó de la maniobra, asegurando que se trató de una “iniciativa particular”: “Todos los senadores tienen derecho a presentar proyectos. No fue una decisión colectiva ni de la presidencia”, aclaró el senador que en agosto buscó la presidencia.
El episodio provocó un debate áspero en el hemiciclo, donde siete senadores censuraron la propuesta. Finalmente, Vargas retiró su pedido de dispensación y derivó el proyecto a la Comisión de Constitución.
Entretanto, se desató una inédita pugna al interior del Órgano Judicial sobre la independencia y la validación de este proceso electoral que se enrumba a un nuevo ciclo político, por efecto de los resultados de la primera vuelta.
Tras el sobresalto, el vocal del TSE Gustavo Ávila afirmó que cualquier intento por suspender el balotaje representa un atentado directo contra la voluntad popular expresada el 17 de agosto, cuando la mayoría de los votantes definió la necesidad de una segunda vuelta entre Jorge Tuto Quiroga (Libre) y Rodrigo Paz (PDC). “El 17 de agosto la mayoría de los bolivianos decidió por su voto que exista una segunda vuelta. El Órgano Electoral rechaza cualquier intento de dañar este proceso o desconocer los resultados. Nuestra obligación es asegurar que el 19 de octubre más de 7,5 millones de ciudadanos ejerzan su derecho a elegir a sus nuevas autoridades”.
Por su parte, el vocal Francisco Vargas destacó la resolución del Ministerio Público que desestimó dos denuncias por presunto fraude electoral —una presentada por un activista cruceño y otra derivada de declaraciones de la diputada Luciana Campero— al no encontrar indicios de irregularidades. “El trabajo del TSE ha sido transparente. Los resultados de la primera vuelta coinciden con el Sirepre (el sistema de transmisión de datos) el cómputo oficial y las encuestas de boca de urna. No hubo observaciones de misiones nacionales ni internacionales”, afirmó Vargas.
Reiteró que la segunda vuelta será abierta, transparente y fiscalizada por los delegados políticos en más de 34.000 mesas. En ese sendido, aseguró que los comicios del 19 de octubre se llevarán a cabo con el compromiso ciudadano y de las instituciones democráticas.
Reacciones
Tras la crisis legislativa, líderes políticos de distintas fuerzas coincidieron en respaldar el proceso electoral y en rechazar cualquier intento de prórroga. De hecho, el presidente Luis Arce denunció públicamente el plan de suspensión, alertando sobre una conspiración dentro de la Asamblea Legislativa:
“Se pretende suspender a los vocales electorales y prorrogar el mandato de las autoridades. Ratificamos nuestra decisión indeclinable de entregar el gobierno el 8 de noviembre a quien gane las elecciones”, dijo en una declaración.
El expresidente Carlos Mesa calificó el intento como un “golpe a la democracia” y pidió a los senadores de Comunidad Ciudadana “defender la institucionalidad y evitar un caos nacional”.
El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga (Libre) advirtió sobre una “descomposición final del gobierno” y acusó a facciones del MAS de buscar atornillarse en el poder, mientras el postulante del PDC, Rodrigo Paz, insistió en la necesidad de respetar la institucionalidad y encarar desde el Legislativo una reforma estructural judicial.
Tras el escándalo, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo una reunión de emergencia con la Sala Plena del TSE, donde transmitió el respaldo institucional del Ejecutivo y denunció que detrás del proyecto se ocultan “movimientos oscuros” que buscan alterar el orden democrático.
Reacciones
Tras la crisis legislativa, líderes políticos de distintas fuerzas coincidieron en respaldar el proceso electoral y en rechazar cualquier intento de prórroga. De hecho, el presidente Luis Arce denunció públicamente el plan de suspensión, alertando sobre una conspiración dentro de la Asamblea Legislativa:
“Se pretende suspender a los vocales electorales y prorrogar el mandato de las autoridades. Ratificamos nuestra decisión indeclinable de entregar el gobierno el 8 de noviembre a quien gane las elecciones”, dijo en una declaración.
El expresidente Carlos Mesa calificó el intento como un “golpe a la democracia” y pidió a los senadores de Comunidad Ciudadana “defender la institucionalidad y evitar un caos nacional”.
El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga (Libre) advirtió sobre una “descomposición final del gobierno” y acusó a facciones del MAS de buscar atornillarse en el poder, mientras el postulante del PDC, Rodrigo Paz, insistió en la necesidad de respetar la institucionalidad y encarar desde el Legislativo una reforma estructural judicial.
Tras el escándalo, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo una reunión de emergencia con la Sala Plena del TSE, donde transmitió el respaldo institucional del Ejecutivo y denunció que detrás del proyecto se ocultan “movimientos oscuros” que buscan alterar el orden democrático.
