La Fiscalía Departamental de La Paz desestimó la denuncia por presunta manipulación de actas electorales en la primera vuelta del 17 de agosto, presentada por el activista Peter Erlwein Beckhauser. En la resolución, el Ministerio Público calificó la demanda como “atípica”.

Según el documento emitido por la Fiscalía, se desestima la denuncia formulada por Peter Erlwein Beckhauser contra Vladimir Terán Gutiérrez y Cristhian Mamani Vides, por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos, asociación delictuosa, organización criminal, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.

La resolución, fechada el lunes 6 de octubre, señala que no existe en el Código de Procedimiento Penal un mecanismo específico para impugnar este tipo de determinaciones, según DTV. Sin embargo, cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional que permite a las partes objetar la desestimación dentro de un plazo de cinco días hábiles.

Beckhauser compareció ante el Ministerio Público el pasado jueves por la mañana, donde denunció la supuesta manipulación de al menos 3.600 actas electorales en favor de la alianza Unidad y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

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“Se trata de una denuncia de fraude electoral. Hemos detectado la manipulación de más de 3.600 actas, aproximadamente. Presentamos la denuncia con base en estas actas manipuladas y en el testimonio de dos personas: un testigo de la Agetic y otro del TSE. ¿Qué pedimos al fiscal Roger Mariaca? Que los reciba, ya que ambos tienen miedo de lo que les pueda pasar, porque su declaración será clave para esclarecer cómo ocurrió el fraude en esta elección”, declaró el activista a los medios ese día.

El denunciante mantuvo en reserva las regiones donde se habría producido la manipulación de actas, para evitar “modificaciones” por parte de los Tribunales Electorales Departamentales. Sin embargo, aseguró que “se ha beneficiado a dos partidos: a la alianza Unidad y al PDC”.

Ante esta denuncia, el Ministerio Público anunció que se mantendrá “vigilante” y que actuará conforme a la normativa vigente ante cualquier hecho que intente obstaculizar el proceso de las Elecciones Generales de 2025 o que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática o la soberanía del pueblo boliviano.