Según la denuncia del activista, se alteraron 3.600 actas en las elecciones de primera vuelta y se incurrieron en los delitos de asociación delictuosa, organización criminal, uso indebido de influencias y otros.

Parte del artículo 55 de la Ley del Ministerio Público determina que “las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación táctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión”.

El rechazo se asienta en la figura de “atípica” por lo forma en la que fue expuesta la demanda, según la resolución de desistimiento publicado por la red RPO’s de Bolivia.

Beckhauser fue parte de las listas de postulantes de la alianza Unidad, que postulaba a Samuel Doria Medina y José Luis Lupo a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.

El proceso electoral del 17 de agosto fue avalado por las diferentes misiones de observación electoral. En esas justas salió ganador Rodrigo Paz, pero con un margen que le obliga a ir a segunda vuelta con Jorge Quiroga, el segundo en votación.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó las denuncias y advirtió que ponía en riesgo el balotaje del 19 de octubre. El Gobierno también rechazó la denuncia y ratificó su defensa del voto y entrega del mando el 8 de noviembre próximo.