La propuesta autonómica es una evidencia irrefutable del protagonismo político cruceño. La otra vertiente es el empoderamiento político de la sociedad civil, a través de la emergencia de colectivos y plataformas ciudadanas que con sus movilizaciones mostraron su vitalidad y compromiso al resto del país para defender la voluntad popular expresada en referéndum del 21-F. Contrariamente a las visiones reduccionistas que miran a las plataformas como meros grupos de activistas coyunturales, se puede afirmar que estas manifestaciones ciudadanas son el espejo de la sociedad civil que desconfía de los partidos políticos y acude a otros canales para levantar sus causas ante el Estado autoritario. Si en el siglo pasado no se podía entender la economía boliviana sin Santa Cruz, ahora no se puede entender ni definir la política boliviana sin el creciente protagonismo cruceño.

Adicionalmente, la reciente e intensa politización de la sociedad urbana ha fortalecido la voluntad de fiscalizar desde los colectivos ciudadanos al gobierno de la ciudad, acostumbrado a neutralizar a las instituciones fiscalizadoras formales y a salir impune de toda denuncia conocida. No se puede negar la efectividad de la fiscalización ciudadana y su capacidad para alertar a la sociedad sobre las graves irregularidades a ser corregidas en la administración del gobierno municipal de la ciudad de los anillos.

Un gran reto a esta nueva actitud lo presentan las proyecciones estadísticas del crecimiento poblacional urbano en los próximos 10 años, y la ocupación de nuevos espacios, sobre un corredor de 140 Km, entre los municipios de El Torno y Buenavista. Estos datos obligan a elaborar participativamente una estrategia de gestión territorial ante el incontenible desplazamiento humano hacia la gran metrópoli en constante crecimiento. Al crecimiento urbano se suma el económico, que tiene cauce e impulso propio. En este campo conviene reflexionar colectivamente y convenir entre actores privados y públicos que debemos incorporar las mejores prácticas que mitiguen los impactos ambientales para consolidar un modelo de desarrollo sostenible.

Las tareas descritas deben ser cumplidas a partir de esta nueva centralidad política, ya instalada en el imaginario de la clase media urbana, y con esta nueva aptitud toca construir la ruta hacia el futuro, que obligatoriamente debe pasar por articular la visión regional con la visión nacional.

En lo que concierne al desafío de enfrentar el nuevo contexto político nacional, configurado por la nueva ley de organizaciones políticas, nos corresponde también la responsabilidad de definir la ampliación del espacio de lucha del 21-F hacia el campo electoral, donde se definirá el destino democrático del país. No cabe duda que la definición a tomarse entre el conglomerado de la sociedad cruceña tendrá una incidencia relevante en las organizaciones sociales y políticas del resto del país.

En estas coyunturas complejas, el discurso radical suele ser el más tentador, pero siempre con el alto riesgo de desembocar en la salida equivocada, donde los resultados son irremediablemente contrarios a los deseos. La política es muy dinámica y los contextos cambian constantemente. El movimiento que la sociedad protagonizó hace nueve meses no repetirá mecánicamente por el simple deseo de algunos, las correlaciones de fuerzas favorables o desfavorables son el resultado de diversos factores que están fuera de nuestro control y obedecen a los constantes movimientos de los diversos actores sociales y políticos. El uso del método científico ayuda a conocer con evidencia empírica lo que está sucediendo en el campo político, y es determinante para tomar decisiones correctas.

La madurez, la serenidad y la inteligencia deberán concurrir juntas para continuar enfrentando el proyecto totalitario en todos los campos donde pretenda consolidarse, en contra de la voluntad ciudadana y de la Constitución Política del Estado. La nueva centralidad política desde la sociedad que tiene Santa Cruz puede fortalecerse, y es una buena oportunidad para hacerlo en septiembre.