Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: miércoles 17 de septiembre de 2025
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El Gabinete de ministros aprobó este miércoles el Decreto Supremo que garantiza 13,2 millones de bolivianos para la realización de la segunda vuelta presidencial, el domingo 19 de octubre, informó el Gobierno nacional.
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“Para garantizar y dar cumplimiento a los objetivos institucionales relacionados con el desarrollo de la Segunda Vuelta de las Elecciones Generales, hoy en Gabinete Ministerial hemos aprobado el Decreto Supremo que autoriza el incremento de las subpartidas de consultores individuales en línea y por producto por un monto total de 13,2 millones de bolivianos al interior del presupuesto del Órgano Electoral Plurinacional (OEP)”, informó el presidente Luis Arce en sus redes sociales.
El Mandatario afirmó que el Gobierno "extrema todos los esfuerzos para garantizar una transición democrática", “porque la democracia será uno de los mejores legados que dejará al pueblo boliviano”.
Logística y requerimientos del TSE
En una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que de esos 13,2 millones de bolivianos, 18 casos corresponden a consultores por producto, que significarían 1,5 millones de bolivianos; y 2.593 casos son consultores individuales de línea, que involucrarían 11,7 millones de bolivianos.
“Esto con el objeto de garantizar la logística y los lineamientos que tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para esta segunda vuelta, el Gobierno nacional compromete los recursos necesarios”, afirmó.
Para el 19 de octubre, está prevista en Bolivia la segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Libre).
Conforme a la normativa, esta segunda vuelta se realizará con el mismo padrón electoral: 7.937.138 ciudadanos, tanto en el territorio nacional (7.567.207) como en el exterior (369.931), según los datos oficiales.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es el responsable de la organización, administración y supervisión de las elecciones, y el Gobierno nacional, de con acuerdo a la Constitución Política del Estado, debe garantizar los recursos necesarios para la correcta ejecución del evento democrático.
