La Fundación Jubileo y la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) expresaron su preocupación por la intención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) saliente de aprobar de manera apresurada el proyecto de Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Ambas organizaciones advirtieron mediante un comunicado que esta iniciativa repite las mismas falencias observadas en procesos anteriores, cuestionados por su falta de transparencia, independencia y objetividad.

El pronunciamiento público recuerda que diversas veedurías ciudadanas han documentado deficiencias graves en designaciones pasadas, lo que pone en riesgo la legitimidad de las futuras autoridades electorales y, con ello, la confianza ciudadana en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). 

Entre las principales fallas detectadas se encuentran la revisión superficial de hojas de vida, entrevistas orales sin parámetros objetivos, falta de publicidad en los criterios de evaluación, verificación desigual del idioma originario, invisibilización de denuncias e impugnaciones y ausencia de criterios claros para valorar propuestas técnicas.

El documento también señala que la aplicación discrecional de requisitos, como la independencia política, o la falta de verificación de la probidad de los postulantes, han debilitado procesos previos. 

Además, se critica que las veedurías internacionales tengan un peso mayor frente a las nacionales y que la Comisión Mixta de Constitución pueda inhabilitar postulantes en cualquier etapa, incluso cuando las fases ya se encuentren cerradas.

Las organizaciones cuestionaron que la actual ALP, cuyo peso político se modificó sustancialmente tras las elecciones generales de agosto de 2025, intente fijar las reglas para la designación de vocales. 

Ambas entidades afirmaron que esa tarea debe recaer en la nueva Asamblea Legislativa, que asumirá funciones el 8 de noviembre, para garantizar independencia, objetividad y legitimidad en el proceso.

En ese marco, exigieron que el reglamento incorpore principios rectores como independencia política, probidad, legalidad, equidad, igualdad y transparencia; que se publique la información completa del proceso; que se establezca un cronograma previsible; y que se asegure la participación de expertos independientes, universidades y sociedad civil en todas las fases. 

Asimismo, plantearon que la veeduría ciudadana tenga carácter real y vinculante, con igualdad de condiciones entre veedores nacionales e internacionales, y que se generen incentivos para la participación de mujeres.