El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, anunció ayer en Santa Cruz de la Sierra que la fecha es “definitiva e inmodificable”. La fecha fue elegida tras un análisis técnico, pero hubo disidencias. El vocal Tahuichi Tahuichi propuso adelantar los comicios para el 3 de agosto, antes de las celebraciones por los 200 años de la fundación de Bolivia. “Ahora tenemos un cronograma demasiado ajustado”, remarcó.

Pero, la decisión también incluye la convocatoria a una cumbre nacional por la democracia, programada para el 17 de febrero con la participación del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, representantes del Órgano Legislativo y delegados de las organizaciones políticas vigentes. Sin embargo, no se prevé la asistencia de los vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ni de otras entidades judiciales. 

“Previo a los estudios técnicos y jurídicos que se han hecho se ratifica que la fecha de la elección general ya definida e inmodificable es el 17 de agosto del año 2025 (...). Queremos blindar el proceso electoral para que se desarrolle y concluya dentro de los plazos establecidos por las normas legales y sin interferencias”, afirmó Hassenteufel en rueda de prensa.

Detalló que la convocatoria oficial de las elecciones generales se emitirá en abril. Además, Hassenteufel explicó que uno de los temas centrales de la cumbre del 17 de febrero será garantizar los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proceso electoral, especialmente para el voto en el exterior. En este caso se requieren divisas extranjeras.

Asignaciones 

El presupuesto electoral asciende a Bs 319 millones de los cuales Bs 50 millones están destinados al sufragio exterior. El presidente del TSE enfatizó que estos fondos deben estar disponibles en dólares o euros, debido a los pagos requeridos en el extranjero. 

“Necesitamos el compromiso del Órgano Ejecutivo para garantizar esos recursos económicos en monedas extranjeras”, indicó Hassenteufel. Además, la autoridad electoral dijo que el TSE espera avances legislativos en proyectos clave, como la ley de debates entre candidatos, la ley 044 y normativas sobre paridad de género en candidaturas.

Sobre la cumbre del 17 de febrero, Hassenteufel dijo que ese encuentro busca “considerar y tratar temas que forman parte de las preocupaciones del Órgano Electoral con miras a las elecciones generales de agosto de 2025, con el objetivo de generar un blindaje de ese proceso para que se inicie, desarrolle y concluya dentro de los plazos establecidos por la norma legales y sin ninguna interferencia”.

Así, los miembros del TSE buscan evitar contratiempos similares a los ocurridos con las elecciones judiciales, que luego de una serie de decisiones judiciales, tuvo que realizarse de manera parcial el 15 de diciembre.

El TSE, además de Arce y Choquehuanca, invitará a la reunión del 17 de febrero a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Omar Yujra y Andrónico Rodríguez respectivamente. Pero también los jefes de bancada de las tres fuerzas en la Asamblea Legislativa y presidentes de comisiones legislativas que abordan la temática electoral.

La oposición cuestionó la necesidad de una cumbre para coordinar el proceso electoral, calificándola como una estrategia para interferir en la independencia del TSE. Hassenteufel defendió la medida argumentando que algunos temas, como la asignación presupuestaria y el principio de preclusión en el sistema electoral, exigen la participación del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En un inicio, la fecha de las elecciones estaba prevista para el 10 de agosto, solo cuatro días después de los festejos centrales por el Bicentenario. Hubo muchos reclamos debido a que Arce, potencial candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), utilice la celebración como una forma de campaña. 
Incluso, el expresidente Jorge Quiroga, que se proclamó candidato presidencial, pidió modificar la fecha de las elecciones presidenciales y reducir el periodo de transición que debe transcurrir entre agosto y noviembre, en caso de que no exista segunda vuelta. Con el calendario previsto por el TSE, la segunda vuelta tendría lugar el 19 de octubre.  

El 25 de octubre de 2024 en Cochabamba, en un encuentro nacional con periodistas, los vocales confirmaron que las elecciones generales serían el 17 de agosto de 2025 y que las fechas estaban calculadas para una eventual segunda vuelta y repetición de elecciones de ser necesarias en mesas observadas. Entonces, consideraron como “inamovible” el 17 de agosto. 

Luego, el 5 de enero de este año, en el acto de inauguración de la gestión electoral, Hassenteufel fijó el 10 de agosto como fecha para los comicios y cambió, de ese modo, la propuesta inicial. Ahora, se volvió a la idea inicial. 

El miércoles, en su discurso por el Día del Estado Plurinacional, el presidente Arce pidió generar condiciones para que el MAS triunfe en las próximas elecciones generales, por lo que convocó a las organizaciones sociales y a especialistas a diseñar un “Programa de Gobierno 2025-2030” que atienda las necesidades de la población y afiance la unidad.

Para el proceso electoral del 17 de agosto, el TSE comprometió la aplicación del sistema de conteo rápido de votos y con ese fin iba solicitar un presupuesto adicional al Tesoro General de la Nación (TGN). Dentro los Bs 318 millones está presupuestado el gasto para el conteo rápido. 

Es un compromiso. “El Órgano Electoral tiene toda la predisposición de que exista un sistema de conteo rápido, vamos a realizar aún los simulacros con el sistema que tenemos y en caso de ser necesario vamos a optar por adquirir o ver la forma de contar con un sistema que dé todas las garantías para poder dar resultados preliminares el día de la elección”, afirmó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas. 

La aplicación del sistema de conteo rápido está a cargo de la dirección nacional de Tecnología del TSE y se prevé su inclusión en el Plan de Desarrollo del Servicio Electoral, que es la planificación técnica y operativa que deben elaborar los tribunales departamentales y la dirección de Procesos Electorales. Los partidos políticos exigen que ese sistema funcione sin complicaciones.

La presencia de los órganos Ejecutivo y Legislativo en la cumbre del 17 de febrero es para que se garanticen los recursos económicos que se necesitarán para desarrollar las elecciones generales y, además, para que se puedan abordar y aprobar los proyectos de ley que se necesitan para blindar los comicios del próximo 17 de agosto. 

El 16 de enero, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suscribieron un acuerdo de colaboración conjunta para garantizar las elecciones generales, que ahora están confirmadas para el 17 de agosto. Hubo críticas a este pacto porque se lo realizó con magistrados prorrogados.