“(En) este proceso electoral se pone en juego nuestro sistema democrático que depende en gran manera de esta elección que se lleve adelante (…) Es la última elección que tenemos que administrar, esperemos hacerlo bien y salgamos con la frente en alto y con la misión y el deber cumplido”, afirmó a EL DEBER, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

La conclusión a la que llegó la autoridad electoral fue tomando en cuenta los hechos suscitados en torno a las elecciones judiciales y la ‘auto prórroga’ de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque con ese antecedente está latente el riesgo de que el hecho se repita en los órganos Ejecutivo y Legislativo, e incluso afecte al Órgano Electoral.

“En este ciclo electoral, tenemos la transición de tres órganos del Estado: la elección del Órgano Ejecutivo, Legislativo, pero también el 19 de diciembre vence el mandato de las autoridades del Órgano Electoral, de por lo menos una gran mayoría. Imagínese que no podamos hacer la elección (general) tendríamos un vacío en dos órganos del Estado y un posible vacío en un tercer órgano del Estado como es el Órgano Electoral”, alertó Vargas.

Con la auto prórroga de cinco magistrados del TCP, cuyo mandato constitucional terminó el 31 de diciembre de 2023, el respaldo que ellos tienen del Gobierno y la orden que dieron estos mismos magistrados al TSE de hacer unas elecciones judiciales parciales, se hizo manifiesta la duda y el temor, en especial en la oposición y los evistas, de que ellos, dando curso a amparos y a fuerza de sentencias, eviten la realización de las elecciones generales del 17 de agosto y la consiguiente prórroga del presidente, vicepresidente, senadores y diputados, cuyo mandato constitucional  termina el 7 de noviembre de 2025.Es por eso que el TSE como punto de partida convocó a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, además de los líderes de organizaciones políticas a suscribir una declaración en la que se comprometen a ‘blindar’ el proceso electoral: el Ejecutivo con el presupuesto necesario para administrar las elecciones y la Asamblea aprobando unos cuatro proyectos de ley, es especial, el que garantiza el respeto al principio de preclusión y la no injerencia de otros órganos del Estado.

“Esperamos que las leyes, en especial la ley que blinda el principio de preclusión se apruebe, a objeto de llevar elecciones integrales y con integridad”, dijo Vargas y mencionó que el mayor desafío será cumplir cada una de las actividades del Calendario Electoral, sobre todo las que están antes de la jornada de votación.

El ente colegiado
En todos estos años, los vocales del TSE, han estado expuestos  a  críticas y acusaciones de someterse al Ejecutivo y al TCP, en especial la última etapa cuando los magistrados auto prorrogados les ordenaron realizar unas elecciones judiciales parciales y validar un congreso político que reconocía a una nueva directiva del MAS, sin Evo Morales y después llegaron hasta La Paz a reunirse con los vocales. 

Esas acciones y la reunión conjunta entre el TSE y el TCP que se realizó  el 16 de enero provocaron discrepancias internas en la Sala Plena. El vocal Tahuichi Tahuichi, rechazó el acuerdo al que llegaron porque “no es posible sentarse entre la víctima y victimario”.

Pero más allá de lo ocurrido, el vocal Vargas, asegura que para administrar las elecciones generales, existe ‘cohesión’ tomando en cuenta y respetando la diversidad y pluralidad de pensamientos de todos los vocales. “No somos un grupo de amigos, somos diversos profesionales, diferentes, por lo tanto somos una sala plural y creo que esa es la fortaleza que se tiene en el Tribunal”.

La Sala Plena del TSE está compuesta por siete vocales, cuatro de ellos ejercen desde el 19 de diciembre de 2019 cuando tras una elección en el Parlamento, fueron posesionados por Eva Copa, quien era presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa: Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi y Nancy Gutiérrez.
En octubre de 2022, las vocales suplentes Yajaira San Martín y Nelly Arista, fueron posesionadas como titulares tras las renuncias de María Angélica Ruiz y Rosario Baptista, y el 4 de abril de 2024, el presidente Luis Arce designó a Gustavo Ávila como vocal delegado presidencial ante el TSE tras destituir del cargo a Dina Chuquimia.

Posturas
Para el analista Gregorio Lanza, administrar y realizar las elecciones generales, es la mayor responsabilidad del TSE en lo seis años de mandato que le toca cumplir, porque desde donde se mire, estas elecciones son cruciales para definir el futuro de Bolivia: que tenga estabilidad o un escenario de caos.

“Para ello el TSE debe enfrentar tres grandes desafíos: una entereza a toda prueba, no debe atemorizarse por las presiones del TCP, ni las presiones ni amenazas de Evo Morales”, dijo Lanza a EL DEBER.

Agregó que el segundo desafío es demostrar que se tiene un padrón electoral transparente y que se garantice el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El tercer desafío es vigilar que todos los funcionarios del Órgano Electoral en el país, cumplan un trabajo transparente sin favorecer a nadie.

El diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana, coincidió en que su responsabilidad más grande en seis años es realizar las elecciones del 17 de agosto en un proceso transparente y con un padrón saneado, que devuelva la confianza de la población.

“El Órgano Electoral en todos estos años no ha estado ajeno a la crisis institucional y desinstitucionalización provocada por el MAS y originada el 21 de febrero de 2016 cuando Evo Morales no ha respetado la voluntad popular”, afirmó Urquidi y citó también los hechos de 2019 cuando se generó una ola de protestas sociales y denuncias de ‘fraude’ de Morales.

“Y eso ha generado una pérdida de credibilidad, de legitimidad y una desconfianza de muchos bolivianos porque no se respetó la voluntad popular”, agregó.

Con todo eso a cuestas, el TSE continúa trabajando. Tras la cumbre política del 17 de febrero, en el Órgano Electoral hubo una reunión entre los vocales del TSE, los de los tribunales electorales departamentales y directores nacionales, encuentro en el que se realizó una evaluación del trabajo de las elecciones judiciales parciales y también se planificó el trabajo para las elecciones generales.

“Hemos podido cohesionar a todas las autoridades del Órgano Electoral en torno a un objetivo único que es garantizar las elecciones generales y llevar adelante un proceso limpio, transparente, justo, imparcial, competitivo, que se desarrolle en los plazos y tiempos oportunos”, afirmó Vargas.