En el encuentro, los representantes cívicos se declararon en estado de alerta y emergencia ante cualquier intento de “postergar, manipular e interferir”, el proceso electoral. “Las elecciones no se tocan, se hacen el 17 de agosto y punto”, señala.

“No descartamos el inicio de un paro nacional indefinido hasta restituir la democracia, reponer la fecha electoral y ante la suspensión o prórroga de mandato, garantizar la salida la salida del poder del actual régimen”, señala parte del punto dos.

Frente a las amenazas de que no se lleven adelante las elecciones con la toma de recintos y ánforas, exigieron al Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y Ministerio de Gobierno actuar “de inmediato”. 

Los cívicos denunciaron al exmandatario Evo Morales y todo su “entorno político y grupo terrorista” como “responsables directos de los discursos desestabilizadores, amenazas de sabotaje e intento de interrumpir el proceso electoral democrático”.

Además, mencionaron que, si se habilita “ilegalmente a candidatos que no cumplen los requisitos constitucionales”, activarán “todas las acciones legales, cívicas y populares que sean necesarios para defender la democracia y bloquear el fraude político judicial”.

Instaron a los organismos internacionales a que vigilen “de cerca” las amenazas e hicieron un llamado a la población a permanecer movilizado en defensa de su voto para que el 22 de julio en cada región existan acciones que reivindiquen que las elecciones deban desarrollarse.