El pasado 11 de septiembre, el diputado Wilson Santamaría reveló que Fernández había sido condenado en 1998 por un juzgado de Oruro por el delito de tráfico de sustancias controladas y señaló que con una sentencia no se puede ejercer un cargo público.

Desde entonces, Fernández no apareció en el Concejo hasta este jueves. Dijo que estaba en Oruro haciendo los trámites judiciales.

Reasumió su puesto de Presidente  y afirmó que fue sentenciado de manera injusta, pero que su condena ya fue cumplida y además está prescrita, así como los registros judiciales del caso.

“No es como se alega que no me he presentado a cumplir este proceso, más al contrario he cumplido mi condena. Es hace más de 20 años, se ha prescrito a los siete años en el caso de que no me hubiera presentado y, es más, ha prescrito todos los registros en nuestras entidades judiciales”, explicó.

Fernández sostuvo que fue sentenciado porque contrató a una empresa de transporte para importar soda caustica, que entonces era una sustancia controlada. Dijo que no era su responsabilidad que la compañía de transporte no tenga la licencia para ese producto.

Anteriormente su abogado, Herlan Cabrera, reveló que el concejal ya había estado con detención preventiva por dos años, pero de manera injusta.   

Fernández aseguró que cumple con los requisitos para ser funcionario público, y que la justicia anuló los obrados solicitados por Santamaría.

Anunció que presentará una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra Santamaría, porque a su criterio el opositor ejerció persecución política en su contra.

Otros concejales hacen consultas 

El concejal Javier Tarqui dijo que se está realizando las consultas jurídicas respectivas para asumir una determinación respecto a Fernández. Señaló que el diputado Santamaría debería realizar los trámites ante las instancias pertinentes, como el Órgano Electoral, para dar curso a su denuncia.

Tarqui lamentó que problemas internos de Unidad Nacional (Fernández y Santamaría son electos por ese partido) estén perjudicando la gestión para El Alto.

COBERTURA EL ALTO: EDWIN APAZA