Por décimo sexta ocasión, la justicia de Santa Cruz suspendió el inicio del juicio oral contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso denominado Decretazo, y reprogramó la audiencia para el 22 de agosto a las 08.15.

Martin Camacho, defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, reiteró que el juicio se desarrollará de manera presencial, y adelantó que, una vez se cumplan los tres años desde el inicio del proceso, solicitarán su extinción por retardación de justicia.

“La audiencia se ha suspendido para el 22 de agosto a las 08.15. El gobernador tiene que estar presente cinco días de anticipación en el centro penitenciario de Palmasola”, indicó el abogado de Camacho.

No obstante, Régimen Penitenciario descartó el 24 de julio el traslado de Camacho desde la cárcel de Chonchocoro (La Paz) a Santa Cruz. Según informes de Inteligencia, no están garantizadas ni su integridad física ni la de los policías encargados de su custodia.

Lea más: Régimen Penitenciario descarta traslado de Camacho a Santa Cruz

“No va a ser trasladado”, afirmó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien aseguró que las audiencias están garantizadas y recordó que este no es único proceso judicial contra Camacho.

Martín Camacho criticó la negativa del Gobierno para trasladar al Gobernador, calificándola como una muestra de “capricho, tozudez y desesperación”. Acusó a la administración penitenciaria de buscar obstaculizar la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina, aliado político de Camacho.

Asimismo, reiteró que la defensa solicitará la extinción del proceso penal una vez se cumpla el plazo legal, en base a la Constitución y el Código de Procedimiento Penal por presunta vulneración al derecho a un juicio en plazo razonable.

El proceso contra Camacho está relacionado con el Decreto Departamental 373, emitido en marzo de 2022, mediante el cual Camacho delegó sus funciones a Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, y no en el vicegobernador Mario Aguilera, como lo establece la norma.

Por esa decisión, se lo investiga por presuntamente emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.