La Fundación Jubileo coordina una misión acreditada como observación nacional ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme al Reglamento de Observación Electoral, que establece los derechos, deberes y límites de este trabajo. Su centro de operaciones iniciará actividades a las 7:00 con la apertura oficial en el TSE y la supervisión de la instalación de mesas. A lo largo de la jornada, emitirá tres reportes públicos (a las 9:30, 15:00 y 19:30) con hallazgos preliminares sobre logística, accesibilidad, conflictividad y procedimientos de escrutinio.

El despliegue contempla la visita a recintos seleccionados en áreas urbanas y rurales, con presencia en momentos clave: apertura de mesas, emisión de votos, cierre y escrutinio. Los observadores de Jubileo trabajarán con una red de reporteros comunitarios para enviar información desde distintas regiones, permitiendo identificar posibles irregularidades y evaluar la integridad del proceso electoral. 

35 mil voluntarios
La campaña Cuidemos el Voto, integrada por organizaciones de la sociedad civil busca movilizar 35 mil voluntarios como observadores electorales. “La idea es poder lograr cubrir 35 mil mesas (…) para garantizar que cada voto cuente y sea respetado”, explicó su vocera, Veida Domínguez. El registro está abierto a cualquier ciudadano mayor de 18 años, con énfasis en llegar a zonas rurales y de difícil acceso.
Más que un rol fiscalizador puntual, el movimiento plantea que la vigilancia electoral es un deber cívico. 
Domínguez recordó que en las últimas semanas han reportado irregularidades, como la falta de publicación oportuna de actas en el Sistema de Resultados Preliminares. Sin embargo, el objetivo central es empoderar a la ciudadanía para que participe activamente el día de la votación, tomando fotos de las actas y registrando los resultados exhibidos en cada recinto. 

Centro de monitoreo 
La Defensoría del Pueblo activará el primer Centro de Monitoreo de Derechos Humanos para una elección nacional. Coordinará a cerca de 1.000 observadores —700 voluntarios y 200 funcionarios— distribuidos en 500 recintos de 70 municipios, incluyendo las nueve capitales y El Alto. También visitará instituciones como centros penitenciarios, hospitales, unidades militares y centros de acogida para verificar el respeto de derechos civiles y políticos. 

El defensor Pedro Callisaya explicó que las denuncias se recibirán a través de línea gratuita, WhatsApp y una plataforma web. “Monitorearemos el respeto y ejercicio de los derechos humanos durante la jornada electoral, identificando, atendiendo y registrando vulneraciones”, afirmó. 
El trabajo se complementará con alertas tempranas y coordinación con el Órgano Electoral Plurinacional, la Policía y otras misiones de observación. 

Un marco legal
El Reglamento de Observación Electoral del TSE establece que los observadores pueden presenciar todas las fases del proceso, acceder a recintos y centros de cómputo, y recibir denuncias de la ciudadanía. Entre sus deberes figuran actuar con imparcialidad, no hacer propaganda ni inducir el voto, y no declarar ganadores antes del pronunciamiento oficial.

La acreditación, exclusiva del TSE, exige que los integrantes no tengan militancia política y que porten credencial visible en todo momento. El reglamento también prevé la pérdida inmediata de acreditación en caso de incumplimiento grave. 
Para los vocales electorales, la presencia de observadores ciudadanos fortalece la legitimidad de los comicios. “La vigilancia social es una garantía adicional de que el voto será respetado”, declaró el vocal Francisco Vargas.

La suma de esfuerzos entre misiones acreditadas, voluntarios y sistemas de monitoreo convierte a esta elección en un ejercicio con múltiples capas de supervisión. Los reportes que emitan servirán para identificar aciertos y debilidades, y formular recomendaciones al Órgano Electoral Plurinacional. 
Al final, el desafío será convertir esta vigilancia en confianza ciudadana, asegurando que cada voto emitido el 17 de agosto cuente y sea respetado.