Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: viernes 21 de septiembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La alcaldesa interina de Cochabamba, Karen Suárez, informó ayer jueves que presentará una demanda penal contra su antecesor suspendido, José María Leyes, por la contratación de seguros para la comuna con un supuesto sobreprecio de 35.172 dólares.
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La alcaldesa interina de Cochabamba, Karen Suárez, informó ayer jueves que presentará una demanda penal contra su antecesor suspendido, José María Leyes, por la contratación de seguros para la comuna con un supuesto sobreprecio de 35.172 dólares.
"El área jurídica (municipal) ya está trabajando en lo que va a ser dar el cumplimiento (a la presentación de la querella)", manifestó a los periodistas.
Según Suárez, la demanda penal será planteada en cumplimiento de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establece que la principal autoridad ejecutiva de una institución pública debe querellarse contra los autores de presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su gestión administrativa.
La alcaldesa interina manifestó que el Concejo Municipal envió también una petición de informe al Ejecutivo edilicio para conocer si la Alcaldía de Cochabamba cumplió con esa obligación judicial.
"La Contraloría también nos ha solicitado una petición de informe el día lunes respecto a si hemos dado cumplimiento o no a lo que es la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", mencionó.
El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Rodríguez, presentó la denuncia el 31 de julio de 2017 sobre la base de un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), que derivó en una resolución del Concejo Municipal que recomendó el inicio de procesos penales o administrativos a la comisión calificadora y al secretario municipal de Finanzas, Diego Moreno.
La querella pide que los sindicados sean procesados por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y negociaciones incompetentes con la función pública.
El informe de la CGE determinó que el proceso de licitación de los seguros tuvo dos empresas interesadas, una de ellas fue la Compañía de Seguros Fortaleza S.A. con una propuesta de 1.3 millones de bolivianos, pero la adjudicación benefició a la aseguradora Credinform Internacional S.A. con un presunto sobre precio.
OTRO PROCESO PENAL
La Fiscalía inició un nuevo proceso penal contra Leyes, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas a partir de un informe preliminar elaborado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
El miércoles, Leyes fue citado a una audiencia de toma de declaración informativa en la Fiscalía por el caso mencionado. Sin embargo, no asistió al no ser notificado previamente y carecer de una orden jurisdiccional para trasladarse desde su hogar, donde se encuentra detenido por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares.
“En el proceso por legitimación de ganancias ilícitas, si bien no tenemos conocimiento oficial aún, porque no hemos sido notificados formalmente, éste deriva de un informe de la Unidad de Investigación Financiera que ha sido requerido dentro del caso denominado como Mochilas”, manifestó Alberto Trigo, el abogado defensor del alcalde suspendido.
Casos Mochilas I y II
La situación de Leyes se tornó compleja por la reciente desvinculación de los casos Mochilas I y II.
La separación de ambos casos posibilita al Ministerio Público volver a solicitar la detención preventiva por el caso Mochilas II, en una nueva audiencia cautelar.
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez anunció que, a través de la separación de casos y el informe de la UIF, se podrá hacer una indagación completa sobre la compra de mochilas y de los implicados.
