Luego que desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se remitiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de normativa para modificar la Ley 026, disponiendo que los debates electorales tengan un carácter “público y obligatorio” a partir de futuros procesos electorales, promoviendo así el voto informado, legisladores adelantaron respaldo destacando que con esta iniciativa, todo candidato deberá exponer sus ideas con claridad ante la población.
Esta semana, desde el TSE se informó sobre el envío de dicho proyecto al Parlamento, para su tratamiento y posterior aprobación, destacando que la normativa se constituye en una herramienta destinada a contribuir con la reflexión y deliberación de las propuestas programáticas de los candidatos a cargos públicos elegibles de Presidente, Vicepresidente, gobernadores, Ejecutivo Regional y alcaldes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Para el diputado por Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, la posible aprobación esta iniciativa en instancias de la ALP, contribuirá al análisis crítico que pueda hacer la ciudadanía sobre las propuestas y programas presentados por los candidatos a algún cargo público.
En ese sentido, adelantó un respaldo al proyecto de ley referido, al momento de su tratamiento en la Cámara Baja.
“Como Diputado, adelanto mi voto a favor del proyecto de ley de debate electoral obligatorio para candidatos que presentará el TSE. Es fundamental que un candidato tenga un mínimo de capacidad para exponer sus ideas con seriedad”, expresó el parlamentario a través de sus redes sociales.
Inicialmente, se detalló que este proyecto de ley busca modificar la Ley del Régimen Electoral 026, para que se instituya el debate electoral público y obligatorio.
La vocal electoral Nancy Gutiérrez, promotora del proyecto de ley, indicó que la iniciativa tiene por objeto fortalecer el ejercicio del derecho al voto de los electores mediante decisiones informadas. Complementó además que el debate electoral puede constituirse en un espacio democrático de confrontación ideológica de los candidatos en procesos electorales, proporcionando a la ciudadanía información de sus propuestas, programas de gobierno y sus posiciones en temáticas de interés nacional y local.
En esa línea, se propone que los debates deban celebrarse dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de la elección, además establece que sean públicos y obligatorios para todos los asistentes. Si la elección se definiera en segunda vuelta electoral, los candidatos habilitados deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.
La organización e implementación de los debates estaría a cargo del Órgano Electoral Plurinacional y serán transmitidos por los medios de comunicación del Estado, poniendo a disposición la señal para todos los medios privados que deseen transmitir los debates de manera simultánea en forma gratuita.
Gutiérrez afirmó que se desarrollan otras propuestas para que el sistema democrático y electoral se fortalezca, sin embargo, se espera que éstas sean consideradas oportunamente por la ALP.