En medio del estancamiento parlamentario en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un oficialismo dividido en dos facciones y elecciones judiciales parcializadas con un Órgano Judicial que emite resoluciones a medida del poder, analistas señalan que la fragmentación en el sistema político partidario ha agravado el profundo caos institucional que hoy se vive, un “cáncer” en el sistema democrático que solo está enfermando más al país.
Recientemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), máxima entidad en materia judicial del Estado, declaró improcedentes un par de solicitudes de avocación al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con lo que garantizó la realización de elecciones judiciales parciales, pues se elegirán autoridades del TCP, solamente en cuatro departamentos.

En tanto, la ALP protagonizó hace unos días un nuevo acto bochornoso durante la elección de comisiones y comités en la primera sesión de la flamante legislatura 2024-2025, a solo una semana de protagonizar otro hecho polémico en el que parlamentarios “evistas” se pusieron delante de la testera para agredir al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.
En tanto, ante una ausencia temporal del presidente del Estado, Luis Arce, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, promulgó el martes la Ley 075 de cese de funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial. Sin embargo, el “arcismo” y algunos analistas advirtieron que esta acción es nula de pleno derecho por haberse consumado en una sesión ilegal, ya que Rodríguez no podía asumir como presidente de la ALP, toda vez que Choquehuanca aún se encontraba en el país.

En este escenario, varios analistas coincidieron por separado al afirmar que el país vive una situación de profundo desorden institucional agravado por las recientes divisiones en el Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición, lo que está llevando al sistema democrático a una inminente catástrofe.
Para el docente, investigador y asesor jurídico, Óscar Villanueva, lo que ha generado toda esta desorganización en el sistema es la fragmentación del partido oficialista, así como de las demás fuerzas políticas. En el caso del MAS, “desde el ingreso de Evo Morales entendieron que (su poder) era a perpetuidad y manipularon las instituciones como han querido”.
En contacto con EL DIARIO, Villanueva sostuvo que “estamos viviendo un cáncer institucional muy profundo que lo único que hace es generar más enfermedad y hacer más daño”, lo cual se traduce en un mayor desconcierto, desorden, ruptura democrática y una evidente crisis de institucionalidad.
En palabras del representante del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, “lo que está haciendo el MAS es llevar a la catástrofe total, al hundimiento total de la institucionalización no solamente del Órgano Judicial sino de la misma ALP, donde se dividieron el MAS en dos alas que no hacen una mayoría con su bancada parlamentaria y de ahí en adelante ha venido esta debacle”.
Morales ratificó sus sospechas de que Arce pretende gobernar de la mano del TCP autoprorrogado, “hundiendo” y neutralizando al Legislativo al propiciar su ineficiencia absoluta.
Por otro lado, los recientes comentarios del analista político y exministro, Fabián Yaksic, fueron replicados por varios medios de comunicación, tras afirmar que esta situación de desorden institucional se agravó en 2016, con la polémica decisión de Evo Morales de desconocer el voto popular de un referendo e insistir en una nueva candidatura.
Yaksic advirtió en radio Panamericana que las elecciones judiciales, cuya preselección de candidatos fue aprobada “a las patadas” por la Asamblea, “no son la solución a ningún problema”, sino que más bien propiciará nuevos desórdenes institucionales. A su juicio, prueba de ello es que ninguna nueva autoridad judicial evitará que el Gobierno siga promoviendo “magistrados becados” para obedecer sus intereses.
En criterio del analista político, José Luis Bedregal, el poco profesionalismo en la clase política no solamente genera este desorden a nivel interno, sino que crea un “terreno fértil” para la convulsión social, en la que los conflictos se resuelvan por la vía de la violencia en vez del diálogo.
Mientras la sociedad percibe la corrupción en los poderes del Estado, la legitimidad del sistema democrático se erosiona, según Bedregal, quien agrega: “las luchas internas entre diferentes sectores, exacerbadas por intereses políticos y delincuenciales, profundizan las divisiones en la sociedad boliviana. La falta de respeto por las leyes y las instituciones genera un ciclo de impunidad que beneficia a los grupos de poder ilegítimos, perpetuando el sufrimiento de la población y limitando el desarrollo del país”.