Reiterando la imposibilidad de realizar dos procesos electorales en la misma gestión, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, advirtió una supuesta intención del Órgano Electoral para posponer las elecciones generales programadas para el 2025.
“Formalmente estamos denunciando que el Órgano Electoral está con la firme intención de posponer las elecciones generales, en ese camino van a realizar elecciones judiciales fraccionadas, unas el 15 de diciembre y otras sin calendario el 2025. Esto pondría en serio riesgo las elecciones generales”, manifestó Morales en declaraciones a medios de prensa.
Además, recordando que la normativa vigente no permite la realización de dos actos electorales de la magnitud de una elección general y la complementación de los comicios judiciales, el activista aseguró que esta sería la forma en que el gobierno disponga su prórroga en el poder por un tiempo sin definirse.
“De esta forma, el actual gobierno se estaría prorrogando en su mandato, a esto se debe sumar que en el proyecto de Presupuesto General del Estado, no se ha asignado una partida específica para cubrir el gasto de los comicios generales 2025”, agregó.
Para Morales, es reprochable que desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se haya elaborado oportunamente un presupuesto especificando los gastos necesarios para la realización de las elecciones generales, lo que derivó en que la Ley Financial para la gestión 2025 solo haga referencia a una “asignación abierta” para este fin.
En su criterio, los vocales del TSE deberían haber presentado, a la par de municipios, gobernaciones y universidades, un presupuesto para el 2025, tomando en cuenta los datos obtenidos con el Censo 2024.
“Esta es otra manera que tiene el Órgano Electoral de poner en riesgo las elecciones o posponerlas para el 2026, supuestamente ese sería el esquema con el que están trabajando los vocales que, aparentemente, ya no están a favor de defender la democracia y organizar procesos electorales limpios transparentes y oportunos”, cuestionó Morales.
Esta semana, el diputado del ala “evista” en el oficialismo, Ányelo Céspedes, observó que el anteproyecto de ley del PGE 2025, no cuenta con una partida presupuestaria con la que se destine un monto económico para la realización de las elecciones generales previstas para el mes de agosto, hecho que genera serias dudas sobre la intensión del llevar adelante dicho proceso.
“No hay el presupuesto para las elecciones nacionales. No lo han previsto, cuidado que estén en riesgo estos comicios”, alertó el legislador.
En ese sentido, llamó a que miembros del Órgano Electoral demanden al Gobierno central presupuestar los recursos para las elecciones nacionales, “lo que más queremos es que haya un nuevo presidente que reactive la economía”, dijo.
Ayer, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, se presentó ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, a fin de explicar el contenido del PGE 2025, en ese marco, informó que los recursos para los comicios generales, están garantizados.
“Existen los recursos que dispone la Constitución y la ley para la ejecución de las elecciones nacionales el 2025, así que no debe quedar duda que existen estos recursos, se van a aplicar y están plasmados en el PGE”, aclaró la autoridad.
Sobre los cuestionamientos de la oposición y distintos sectores productivos hacia algunos artículos de este proyecto, Montenegro indicó que, tanto la aprobación como alguna modificación de estos, es una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“La ALP es la que tiene la potestad de cambiar, quitar o modificar, no somos nosotros. El Ejecutivo ya ha enviado el proyecto”, indicó.
Recordando que, anteriormente, varios sectores pidieron al Presidente emitir normativas para luchar contra el agio y la especulación mediante el control de precios a los productos de primera necesidad, la autoridad justificó la inclusión de la polémica disposición adicional séptima, autorizando a entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos sobre “actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, en los mercados del país.