Alertando que el voto ciudadano está en peligro si no se asumen medidas a tiempo, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, identificó hasta cinco amenazas latentes sobre las próximas elecciones generales, programadas para el mes de agosto de la gestión 2025.
Según el activista, una de estas amenazas tiene que ver con la “ventaja parlamentaria a favor del MAS”, al contar con una “sobrerepresentación” rural relacionada a escaños uninominales.
En ese sentido, recordó que, pese a todos los cuestionamientos y el rechazo de varias regiones a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, gobernaciones, municipios y universidades terminaron presentando sus presupuestos para la gestión 2025, reconociendo la validez de esta medición poblacional.
Asimismo, en base a estas cifras poblaciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró un anteproyecto de ley “De Escaños”, sumando un diputado plurinominal a Santa Cruz, restándolo de la representación de Chuquisaca.
En criterio de Morales, “el TSE optó por el camino más fácil y con ello mantiene el resto de la estructura de la ley 421 de asignación de escaños de 2013 con datos del Censo 2012”, mismo que cuenta con un desequilibrio en la asignación de representación uninominal rural sobre la representación urbana.
La segunda amenaza observada por Morales tiene que ver con un “Padrón Electoral sucio” y la negativa del TSE para auditarlo, pese a varios pedidos formales cursados por el Conade y otras instituciones de la sociedad civil desde el año 2020.
La tercera amenaza es “la posible no implementación de un sistema de conteo rápido en las elecciones generales de 2025”, esto tras la reciente determinación del TSE para prescindir de este apoyo en los pasados comicios judiciales 2024.
Según el activista, el haber descartado la aplicación del sistema anteriormente denominado TREP, dio paso a un grave incumplimiento por parte de los miembros del Tribunal Electoral, tomando en cuenta que existen normativas que regulan el uso del conteo rápido en comicios electorales.
“Los vocales del TSE usaron recursos económicos en este sistema que posteriormente no fue implementado, por lo que se cometió un delito al ser una disposición vigente en el reglamento de las elecciones judiciales”, dijo.
Para Morales, un cuarto peligro es la “absoluta incertidumbre” sobre el calendario electoral de las elecciones judiciales y la forma en que los intentos de complementar este proceso pueden alterar drásticamente la realización de la elección general 2025.
“La realización de las elecciones judiciales fraccionadas, sin fecha ni calendario electoral para su realización, el 2025 pueden alterar la fecha de las elecciones generales”, advirtió.
Por último, aseveró que la quinta amenaza sobre las elecciones presidenciales de 2025 es la “falta de control al voto y capacidades de generar apelaciones y observaciones” al trabajo de jurados, notarios y otros funcionarios electorales.
Lamentando que organizaciones políticas opositoras no cuenten con los medios, recursos y la voluntad para ejecutar un control electoral efectivo, Morales destacó que hasta la fecha solo instituciones de la sociedad civil, entre ellas el Conade, hayan realizado observaciones al Órgano Electoral y gestionen nuevas participaciones en futuros procesos electorales.
“Ningún partido político cuenta con personal capacitado, recursos económicos, tecnológicos y voluntad de asumir con seriedad la tarea de defender el voto ciudadano”, sostuvo.
En ese contexto, llamó a todas las personas que militan en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la Constitución, a ser conscientes de las amenazas que se asoman sobre las elecciones generales del 2025 y trabajen para revertirlas.