El abogado constitucionalista, Israel Quino, señaló que una acción de Defensa es una alternativa para frenar a las autoridades autoprorrogadas del Órgano Judicial; aunque los vocales nieguen su validez, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pueden cesar a sus colegas, en ejercicio ilegal del cargo, mediante sentencia.

“Una acción de defensa puede sellar el ciclo del fin del ‘autoprorroguismo judicial’. (No obstante), de seguro los vocales denegarán ese acto procesal, pero en cuanto se remita en revisión a los magistrados del TCP, electos legal y constitucionalmente, ellos mismos los cesan con una Sentencia (Constitucional)”, señaló Quino en su cuenta de X.

El pasado lunes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales a 38 nuevos magistrados judiciales, 19 titulares y 19 suplentes elegidos por voto popular el 15 de diciembre de 2024.

Según datos oficiales, hubo un 65% de votos válidos, por lo que el Gobierno destacó el alto porcentaje de participación de la ciudadanía. Para Quino, la supremacía del voto válido sobre el voto nulo en estos últimos comicios es una expresión clara del rechazo popular hacia el “autoprorroguismo judicial”.

El presidente de esta instancia, Óscar Hassenteufel, instó a estos nuevos operadores de justicia a trabajar sin ceder a presiones políticas o económicas, administrar justicia con equidad en cumplimiento de la ley y promover la seguridad jurídica en Bolivia.

No obstante, este proceso de elecciones judiciales parciales se vio envuelto en numerosas polémicas desde su anuncio y hasta el día mismo de su realización, con una serie de amparos y acciones presentadas por varios expostulantes, lo que provocó constantes aplazamientos a este proceso electoral por fallos del TCP.

A semanas de celebrarse las elecciones, el TCP determinó paralizar el proceso en varios departamentos, lo cual generó numerosas críticas desde la oposición y analistas políticos, quienes lamentaron que esta acción es un proceso insulso para la población, la cual ignora en su mayoría los meritos y trayectorias de más de un centenar de postulantes.

En ese sentido, muchas voces de analistas coincidieron en que estas elecciones judiciales parciales no resuelven en lo más mínimo la profunda crisis judicial que enfrenta el país desde hace décadas.