Cuando se va aproximando la fecha de elecciones generales, el panorama político es incierto, debido, por el lado del oficialismo, a los intensos enfrentamientos entre “arcistas” y “evistas”, con profusión de acusaciones de delitos, que salen de un bando y otro. Pero, como ya es costumbre desde hace casi 20 años, no son iniciadas las investigaciones correspondientes, para establecer responsabilidades.
Lo que prevalece en esta pugna partidaria, es que el lado radical evista ha vuelto a asumir medidas de presión para que el presidente Luis Arce dé curso a medidas para solucionar graves problemas, como la falta de dólares, combustibles, alimentos, la elevación del costo de vida, que afecta principalmente a gente de escasos recursos económicos, etc.
Sin embargo, después de presentar su pliego de peticiones, los radicales evistas, como siempre, lanzan amenazas de acciones violentas, en caso de no ser atendidos. Desde el arcismo, se observa profusión de propaganda sobre supuestos logros en varios campos, como salud, vivienda y otros, sin que se sepa, mediante una evaluación por organismos imparciales, si lo que se anuncia con bombos y platillos, realmente ha favorecido a la población en general y no solo a los afines al MAS.
En cuanto a los partidos de oposición, algunos han anunciado acuerdos para enfrentar unidos al masismo, sin embargo, ya han sido anunciadas postulaciones, por separado, de políticos tradicionales, lo que hace ver que, otra vez, prevalecerán los intereses personales o de grupo. Por ello van quedando en el olvido las demandas de varios sectores sociales no afines al MAS, para que la oposición presente una candidatura única, basada en un programa de acción que plantee soluciones verdaderas para salir de la actual crisis económica, política y de otras características.
Y en el ámbito electoral, a pesar de un acuerdo entre El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para garantizar las elecciones generales 2025, mediante “asesoramiento mutuo, capacitación y formación de personal”, la opinión pública sigue manifestando dudas sobre el tema. Es que, para empezar, la conducta del TSE no refleja independencia, mientras que la conformación del TCP es motivo de controversia, porque en ese organismo permanecen los “jueces autoprorrogados”, cuyas decisiones son consideradas, además, como favorables al Poder Ejecutivo. Tampoco hay confianza en el reciente censo de población y vivienda, porque a pesar del gran crecimiento poblacional de las ciudades del eje central, el voto urbano vale menos que el rural.
Esos y muchos otros problemas oscurecen el actual panorama político y electoral, mientras la población es obligada a soportar escasez de dólares, alimentos, irracionales bloqueos de calles o caminos, etc. Al parecer los actores políticos, de uno y otro bando, olvidan lo que pasa cuando la población se cansa de tanto conflicto y decide salir a las calles.