El Comité Cívico Pro Santa Cruz y las plataformas ciudadanas del 21F acordaron llevar una agenda común con miras al 24 de septiembre y al 10 de octubre de este año, para mantener la defensa de la democracia ante los intentos de repostulación del binomio oficialista en las elecciones generales de 2019.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, recibió día atrás a los delegados de las plataformas ciudadanas para analizar las medidas de protesta pacífica a tomar en el aniversario del departamento, según reporte de Visor Bolivia.

Una gran marcha y cabildo es una opción, pero también se baraja el paro cívico departamental con opción de convocar a esa medida en otros departamentos del país.

Cuéllar aseguró que se van a coordinar agendas, pero que desde el comité se apuesta por una gran movilización.

“Este es un primer acercamiento sabemos que el escenario político se mueve va a cambiar y la gran batalla será en los primeros días de diciembre”, declaró.

El paro cívico, aclaró Cuéllar, debe paras por una consulta al Directorio Consultivo del Departamento y por ello es más viable la “gran concentración en defensa de la democracia”.

El coordinador de Generación 21, Christian Tejada, agregó que la movilización ciudadana está consciente que debe coordinar acciones con las instituciones representativas de los departamentos y por ello se apunta a nuevas medidas de presión en octubre.

“Hoy Bolivia está fracturada entre quienes defienden la dictadura y quienes defendemos la democracia”, citó.

Otro de los representantes del 21F, Oki Paniagua, agradeció la apertura de los cívicos para que se trabajen las agendas nacional y departamental en unidad, y solicitó a las otras plataformas ciudadanas a sumarse a esta coordinación para defender el voto del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 que negó la modificación del art. 168 de la CPE referido a la reelección presidencial.

El ente cívico cruceño logró hace una semana, la firma de un manifiesto con el Comité Nacional de Defesa de la Democracia – Conade, representado por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA, Waldo Albarracín.

En el manifiesto aprobado se determinó defender el 21F y “exigir al Tribunal Supremo Electoral hacer cumplir su mandato y pronunciarse sobre la ilegalidad de la candidatura de Evo Morales”.

También se estipuló hacer respetar la Constitución Política del Estado y la defensa de la vida, la familia, de las libertades y los derechos humanos.

AGRESIONES

Los colectivos ciudadanos que defienden el 21F advirtieron que las agresiones contra opositores y ciudadanos por ejemplo en la sesión de honor de los 208 años del Grito Libertario de Cochabamba, policías que sacan con violencia de la plaza Murillo a activistas del “Bolivia dijo No”, son muestras de que el Gobierno está atentando contra la libertad de expresión, pensamiento y opinión de toda la población.

“A través de las redes sociales recibimos amenazas de gente que está ligada al gobierno de Evo Morales, donde incluso nos dicen que nos van a golpear. En ese sentido el MAS está usando la violencia contra las plataformas para que nos callemos y no sigamos en resistencia, rechazando la pretensión de quedarse en el poder por más tiempo”, dijo Beto Astorga de la organización Otra Izquierda es Posible (OIP).

El pasado jueves, la Unidad Táctica de Operaciones policiales desalojó por la fuerza de la plaza Murillo a un grupo de activistas que pretendían realizar una convocatoria a la población en rechazo a las elecciones primarias en enero del 2019. No existía fundamento alguno para su expulsión.

Silver Reyes, representante de la plataforma Resistencia Civil de Cochabamba, dijo: “Si bien fuimos reprimidos por la Policía se debió porque los enfrentamientos fueron generados por gente que no son de las plataformas”. Después de esos hechos, la Policía abrió paso para que puedan ser parte del desfile cívico de Cochabamba.