A seis meses de la realización de las elecciones generales 2025 y con el reciente antecedente de los comicios judiciales parciales, autoridades de tres órganos del Estado y representantes de organizaciones políticas, con personería vigente, buscarán garantizar este proceso para evitar que cualquier tipo de intromisión lo anule, postergue o fraccione.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la presente jornada, tiene prevista la realización del tercer “Encuentro por la Democracia”, que como en sus anteriores versiones, busca alcanzar acuerdos políticos que den certezas sobre los comicios generales para la elección de un nuevo gobierno y una recomposición de la representación parlamentaria.
Hace unos días, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe adelantó que el TSE presentará una agenda de cuatro puntos, donde se prioriza: el respeto al principio de preclusión ante posibles demandas de amparo constitucional que puedan afectar la organización de los comicios y el posterior escrutinio de los resultados; la incorporación de los vocales del Órgano Electoral a la Ley 044; garantías para el desembolso de recursos económicos para la realización de estos comicios; y la implementación de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.
El senador chuquisaqueño Santiago Ticona, al recordar que varios de los compromisos asumidos en pasados “Encuentros por la Democracia” no llegaron a cumplirse, pidió que en esta ocasión, autoridades y representantes de organizaciones políticas concreten acuerdos, además de asumir un compromiso para cumplirlos.
Ticona conminó a los representantes de organizaciones políticas y autoridades nacionales a demostrar voluntad para garantizar los acuerdos que puedan alcanzarse en este evento y no se repitan experiencias pasadas.
“No se debe repetir lo que ha pasado en julio pasado, cuando hubo otra cumbre política por las elecciones judiciales, se han comprometido, pero no se concretó los resultados que se esperaban”, aseguró.
El legislador demandó que se generen compromisos reales y, sobre todo, plazos para materializar todos los acuerdos relacionados a garantizar los comicios programados para agosto.
“Mínimamente nos tienen que presentar los cronogramas y debe haber acuerdos firmados por los representantes y autoridades que vayan a participar de este encuentro por la democracia”, añadió.
Por su parte, el diputado Walthy Egüez de Creemos, confirmó la participación de esta organización política en el evento convocado por el TSE y anticipó que se exigirá la realización de una auditoría previa al Padrón Electoral y transparentar el sistema de conteo rápido.
Puntualizó que solo con estas medidas de carácter técnico, se logrará devolver a la ciudadanía su confianza en la administración de los procesos electorales y evitar sucesos similares a los ocurridos el 2019.
Recordó que la crisis político-social ocurrida el 2019 fue una “expresión de repudio” de la población al fraude electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) con Evo Morales como candidato. De intentar un nuevo fraude electoral en los comicios de agosto próximo, las “acciones de repulsión” podrían ser mucho más contundentes.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, el mes pasado, confirmó que el “Encuentro por la Democracia” contará con la participación del presidente del Estado, Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, líderes políticos, organizaciones indígenas y cuerpo diplomático; sin embargo, recientemente la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseveró que la presencia del primer mandatario dependerá de su agenda.
En 2024, en pleno proceso de Elecciones Judiciales, una sentencia del TCP declaró desierta la convocatoria a elecciones para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando; y para el Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Con ello, el principio de preclusión fue vulnerado y los bolivianos acudieron a unas elecciones parciales en diciembre de ese año.
Desde el TSE se estimó un presupuesto de 310 millones de bolivianos para las elecciones generales 2025, de los cuales al menos 50 millones deben destinarse a la votación en el exterior.