Tras oficializarse un acuerdo entre el expresidente Evo Morales y el Frente Para la Victoria (FPV), para que el líder cocalero sea candidato a la presidencia por esta organización política, legisladores y analistas recordaron que sobre este partido pesa una sanción del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que la exautoridad está inhabilitada para volver a ser candidato presidencial, hecho que genera un doble impedimento y serios cuestionamientos al “negocio inescrupuloso” de las siglas políticas.
En criterio del diputado Alejandro Reyes (CC), el nuevo intento de Morales para participar de los comicios 2025 debe ser “doblemente observado y descartado” por autoridades electorales, al pasar por alto una sentencia constitucional y una sanción sobre la organización política en cuestión.
“Ahora trata de utilizar un partido sancionado por el TSE por incumplir su estatuto. Verdaderamente Evo no se cansa de violar la ley y la Constitución, su candidatura debe ser doblemente rechazada”, sostuvo.
El parlamentario de oposición detalló que la inhabilitación de Morales le impide ser candidato por cualquier partido o alianza política, lo que impide al Frente Para la Victoria postularlo en esta u otro elección. Asimismo, al ser un partido sancionado por haber incumplido sus estatutos, no podrá ser parte de los comicios 2025.
“Se juntaron el hambre y las ganas de comer para Evo Morales, el momento en que se presente como candidato, tiene que ser doblemente rechazado, por el impedimento como persona y por el ‘taxipartido’ que utiliza para este fin”, reiteró.
Al respecto, la diputada María Elena Reque, aseguró que este anuncio solo demuestra la cantidad de aliados políticos con los que cuenta la exautoridad; sin embargo, una hipotética candidatura de Morales es contraria a una sentencia constitucional, una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la propia Constitución Política del Estado (CPE). A esto se suma la cantidad de irregularidades durante su gestión de gobierno y los graves delitos por los que debe responder ante la justicia.
Reque recordó que la CPE establece limitaciones en cuanto a los mandatos presidenciales y que, a pesar de sus esfuerzos por formar alianzas, la exautoridad no puede eludir esta normativa.
Para el abogado constitucionalista Williams Bascopé, este anuncio es la representación perfecta de la actual política boliviana, donde discursos son relegados por intereses y se negocian las siglas sin el menor reparo.
“El inhabilitado Evo Morales firma alianza con la sigla Frente Para la Victoria de Eliseo Rodríguez, quien expresa que cuando estaba Evo en el gobierno existía estabilidad económica. Esta es la política en Bolivia, se alquila y se negocia la sigla sin escrúpulos”, sostuvo el destacado jurista a través de sus redes sociales.
Ante este panorama, Bascopé advirtió la urgente necesidad de hacer ajustes en la Ley del Régimen Electoral y de Partidos Políticos, para que las personerías jurídicas no sean una “mercancía o medio de comercio y negocio que no beneficia a la democracia, sino la prevendaliza”.
Ayer, Evo Morales y la dirigencia del Frente Para la Victoria oficializaron un acuerdo político con el que la exautoridad buscará participar de las elecciones generales 2025.
Representantes del FPV, liderado por Eliseo Rodríguez, asistieron a la localidad de Lauca Ñ, ubicado en el Trópico de Cochabamba, para oficializar el documento de la alianza con Morales y los sectores sociales que lo apoyan.
El acuerdo establece que Morales será el “único candidato a la presidencia”, mientras que su acompañante a la Vicepresidencia será elegido o elegida fruto de un consenso. “Ya llegó la hora para decirle al pueblo boliviano que nuevamente volverá el compañero Evo a la presidencia, por lo tanto, el partido FPV y el que dirige vamos a estar hasta tomar el poder, venga lo que venga, pase lo que pase”, declaró Rodríguez.
Anteriormente, el abogado constitucionalista y candidato a la presidencia por el Frente Conservador Liberal Boliviano, José Carlos Sánchez Verazaín, había asegurado una de las realidades de la política boliviana es que existe una “mafia” entre los partidos políticos con personería jurídica reconocida por el Órgano Electoral, mismos que negocian un eventual respaldo a determinados proyectos políticos o candidaturas.
Según el líder de corriente conservadora, normativas nacionales vigentes impiden que nuevos liderazgos puedan hacer política, esas circunstancias son aprovechadas por los “dueños de siglas” para exponer sus demandas e intereses de poder.