La diputada miembro del “Bloque Dignidad” Alejandra Camargo (CC), al recordar que la Cámara de Diputados se encuentra bloqueada y atraviesa por una crisis de legitimidad, puso en duda que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) esté en condiciones de cumplir con los acuerdos suscritos en el denominado “Encuentro por la Democracia” para garantizar la realización de las elecciones generales 2025.
En criterio de la asambleísta representante del departamento de Cochabamba, en la actual coyuntura no existen las garantías necesarias para que el Parlamento dé cumplimiento a los “puntos clave” acordados por autoridades, líderes y organizaciones políticas, durante el encuentro del pasado 17 de febrero.
Parte de estos acuerdos pasa por la aprobación de, al menos, cinco leyes en las que se incluyen puntos como el respeto al principio de preclusión, créditos millonarios para garantizar el voto en el exterior, paridad en los binomios, la ley de debates obligatorios para candidatos a la presidencia, además de una controvertida posible inclusión de los vocales del TSE a la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades.
Para la legisladora de oposición, el pedido a la ALP para tratar y aprobar este conjunto normativas es complejo, debido a su naturaleza y el tiempo fijado para esta acción, antes de la fecha prevista para la emisión de la convocatoria oficial de las elecciones generales 2025, programada para el próximo 12 de abril.
“Lastimosamente, es más fácil mencionarlo que lograrlo. Empezando por el hecho que ni el presidente Arce, ni el máximo representante del ‘evismo’ y presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ni siquiera el vicepresidente David Choquehuanca, lo han firmado”, sostuvo.
Al recordar todos los cuestionamientos sobre la nueva directiva en la Cámara Baja, desde observaciones a su forma de elección hasta denuncias de un supuesto loteamiento de comisiones y comités, Camargo sostiene que existe un cúmulo de irregularidades que en la actualidad ensombrecen la legislatura 2024-2025, los mismos que impiden tener certezas sobre el cumplimiento de cualquier compromiso que garantice las elecciones u otros temas importantes para el país.
“No olvidemos el descuido y evasión del oficialismo por tratar las leyes que cesaban las funciones y sancionaban a los magistrados autoprorrogados que tienen secuestrado, en parte, al Órgano Judicial. Un ‘arcismo’ que cogobierna con una ‘oposición inconsciente’ podrían haber programado el tratamiento prioritario de ésta y otras leyes, sin embargo, solo se convoca a sesiones de relleno”, reprochó la asambleísta.
En ese contexto, afirmó que todos estos antecedentes llevan a desconfiar en que la ALP esté en condiciones de garantizar el tratamiento de leyes necesarias para las elecciones 2025 en los plazos acordados, sin descartar que “oscuros intereses” puedan nuevamente obstaculizar el trabajo de la ALP de cara al país.
El pasado lunes 17 de febrero, tras una jornada de deliberación, debate y concertación entre autoridades de tres Órganos del Estado, líderes políticos y representantes de organizaciones con personería vigente, el denominado tercer “Encuentro por la Democracia” convocado por el Tribunal Supremo Electoral, expresó un respaldo al Órgano Electoral para la organización, administración y ejecución de las elecciones generales 2025, suscribiendo 15 compromisos para garantizar estos comicios.
En el acuerdo, los órganos Ejecutivo y Legislativo, se comprometieron a coadyuvar con el Órgano Electoral en todo lo relacionado a garantizar la realización de estos comicios “de manera plural, segura, transparente, imparcial, participativa y, en especial, libre de injerencias”, velando por el respeto pleno al principio de preclusión.
Desde el Ejecutivo se garantizaron los recursos para la organización y ejecución de los comicios 2025, incluyendo el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados preliminares.
Asimismo, se exhortó a la ALP a aprobar el crédito “Convenio de Préstamo Nº BV-C3”; el Proyecto de Ley elaborado por el TSE referido a su no subordinación a otro Órgano del Estado; el proyecto sobre paridad y alternancia; la normativa para el debate público obligatorio; además de considerar la modificación de la Ley 044, incluyendo en sus disposiciones a los vocales del TSE, todo antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones nacionales.
Por su parte, el TSE se comprometió a realizar acciones de verificación, saneamiento y depuración del Padrón Electoral; entregar la información que la ley permita sobre esta base de datos a las organizaciones políticas; implementar un sistema de transmisión de resultados preliminares; cumplir la normativa vigente respecto a paridad y alternancia de género; garantizar la participación de pueblos indígenas; y delimitar circunscripciones uninominales eliminando cualquier distorsión geográfica y/o poblacional.
Desde las organizaciones políticas se autorizó al TSE a utilizar los recursos de fortalecimiento público para destinarlos al sistema de transmisión preliminar de resultados electorales.