La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que establece el debate electoral obligatorio para los candidatos que se presenten en las elecciones generales de agosto, cuya sanción será una “multa pecuniaria impuesta por un juez electoral”. La sanción equivaldrá al costo económico pagado por la transmisión total del debate electoral y la suspensión de sus spots publicitarios.
Tras la aprobación del proyecto de ley, los asambleístas destacaron que, con esta normativa, la población no solo podrá conocer a los candidatos que pugnan por la presidencia, sino los programas y propuestas que se plantean para sacar al país de la crisis.
El procedimiento será aplicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme al reglamento que la entidad electoral emitirá en un plazo de hasta 60 días calendario, a partir de la publicación de la ley.
La propuesta normativa también garantiza la transmisión en vivo del debate, a través de los medios de comunicación estatales, cuyas señales radiales y televisivas serán puestas a disposición de los medios privados para su retransmisión gratuita.
Por otro lado, de existir una segunda vuelta, los candidatos habilitados deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.