Luego de la aprobación del proyecto de ley de Debate Electoral Público y Obligatorio para Elecciones Nacionales y Subnacionales, en la Cámara de Diputados, los asambleístas destacaron que con esta normativa la población no solo podrá conocer a los candidatos que postulan a la presidencia, sino también los programas y propuestas que se plantean para sacar al país de la crisis.
El diputado paceño Alejandro Reyes, señaló que los consensos alcanzados para la aprobación de esta normativa son destacables, pues permiten que los debates obligatorios para candidatos no se queden solo en los postulantes a la presidencia y vicepresidencia, sino se extiende y toma en cuenta a otras autoridades electas mediante el voto popular.
“Permite que la gente pueda conocer a los que se postulan para ser sus representantes, además de sus propuestas, y se tenga un voto informado. Considero que esa es la parte principal de las herramientas que le vamos a entregar a la gente, a través de esta ley”, aseguró.
Por su parte, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón Mondonio, indicó que la normativa tratada y aprobada en la jornada pasada por la Cámara Baja, endurece las sanciones previstas inicialmente para aquellos candidatos que se rehúsen a presentarse en un debate para plantear sus ideas y confrontar a otros postulantes a la presidencia.
“Se establece, primero, una sanción económica en relación con todo el gasto que se realice para la publicidad del debate presidencial, el candidato que no asista va tener que cubrir ese costo económico. Además, los candidatos que incumplan con su obligación de asistir a un debate, serán sancionados con el retiro de sus spots y cuñas publicitarias”, explicó.
En su opinión, las sanciones dispuestas en esta normativa, hacen que se garantice la presencia de todos los candidatos interesados en llegar a la presidencia, pues una ausencia provocaría una grave afectación a su campaña política en semanas finales que, generalmente, son decisivas en cada elección.
“La norma garantiza que ningún candidato eluda su responsabilidad de presentarse y dar la cara al país, presentando su propuesta y programa de gobierno para consideración de la ciudadanía”, dijo.
Ayer, durante su 77ª sesión ordinaria, por más de dos tercios de voto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 026 del Régimen Electoral, para establecer el debate electoral público y obligatorio en las elecciones nacionales y subnacionales.
“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley Nro. 112/2024-2025, en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Diputados la cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, declaró el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.
La norma consta de tres artículos y una disposición transitoria única, con la que se busca fortalecer el ejercicio democrático, garantizar el voto informado y el derecho de la población a conocer los programas de gobierno de los postulantes a cargos públicos.
De acuerdo con el texto aprobado, el debate será obligatorio para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Estado, “de manera presencial”, y deberá realizarse hasta los 15 días previos a la fecha de elección.
Asimismo, se establece que los candidatos que incumplan con la obligación incurrirán en una falta electoral, cuya sanción será una multa pecuniaria impuesta por un juez electoral; esta sanción equivaldrá al costo económico pagado por la transmisión total del debate electoral.
El texto agrega que “el candidato o candidata que incumpla con la obligación de participar en los debates electorales, será sancionado con el retiro inmediato de la pauta publicitaria (cuñas, spots y otros) en medios de comunicación y difusión masivos”.
El procedimiento será aplicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme al reglamento que la entidad electoral emitirá en un plazo de hasta 60 días calendario, a partir de la publicación de la ley.
En elecciones nacionales, para candidatos y candidatas a diputados uninominales, y en las elecciones subnacionales, el proyecto también contempla el debate electoral público y obligatorio para los candidatos y candidatas a gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes, cuyos mecanismos y procedimientos serán reglamentados por el TSE.
En tanto, la propuesta normativa garantiza la transmisión en vivo del debate, a través de los medios de comunicación estatales, cuyas señales radiales y televisivas serán puestas a disposición de los medios privados para su retransmisión gratuita.