En un escenario que parece sacado de un guion de distopía política, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), han protagonizado uno de los actos más oscuros y antidemocráticos de los últimos tiempos. Con la aprobación en grande y en detalle en la Cámara de Diputados de la Ley del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) Ley N° 414/2024-2025, remitiéndola a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión, no solo han violado los principios básicos de transparencia y justicia electoral, sino que también han dejado al descubierto una red de intereses políticos que amenaza con socavar la poca confianza que ya tienen los ciudadanos en el sistema democrático.
Los diputados han unido en un solo Proyecto de Ley la implementación del TREP y la suspensión del financiamiento a los partidos políticos, una maniobra que, lejos de buscar el bien común, responde a una estrategia calculada para que se consolide en el poder la élite política actual. Este acuerdo, fraguado entre bambalinas con algunos actores, no solo carece de legitimidad, sino también representa un ataque directo a la voluntad popular.
El TREP, ha sido criticado ampliamente por expertos en materia electoral debido a su falta de transparencia y su vulnerabilidad a manipulaciones. A pesar de las advertencias, algunos políticos desesperados, el TSE y la Asamblea Legislativa han decidido imponerlo, ignorando las voces de alerta y desoyendo las demandas de la ciudadanía que exige elecciones limpias y confiables.
Este sistema no solo pone en riesgo la integridad de los procesos electorales, sino que también abre la puerta a posibles fraudes que podrían alterar los resultados de las votaciones. La aprobación de esta ley no es más que un intento descarado de controlar el poder y perpetuarse en él, sin importar el costo que esto tenga para la democracia.
La suspensión del financiamiento a los partidos políticos, incluido en el mismo Proyecto de Ley, es otra muestra de la manipulación política que impera en el país. Esta medida, disfrazada de “austeridad”, tiene un claro objetivo: debilitar a los partidos políticos de oposición y consolidar el dominio de los grupos de políticos de turno en el poder. Es una estrategia maquiavélica que busca silenciar voces disidentes y eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral justa.
Lo más grave de este acuerdo es que ha sido realizado a espaldas del pueblo, los ciudadanos, quienes son los verdaderos dueños de la democracia, han sido excluidos de este proceso y se les ha negado el derecho a participar en una decisión que afectará directamente su futuro. El TSE y la Asamblea Legislativa han demostrado que no están al servicio de la gente, sino de sus propios intereses y ambiciones.
No podemos permitir que unos cuantos decidan el futuro de todos sin nuestro consentimiento. La democracia no es un regalo, es un derecho que debemos defender con firmeza y valentía.
El fraude está a las puertas, y solo el pueblo unido puede evitar que se concrete; es hora de alzar la voz, de exigir transparencia y de luchar por un sistema electoral que garantice la igualdad y la justicia para todos. ¡La democracia está en nuestras manos!
¡La unión es la fuerza!