Cuando faltaban seis días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa concluya la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, la justicia determinó la paralización del proceso al dar luz verde a la acción popular que se ha presentado en el departamento de Pando por parte de la aspirante Yeny Dury.

En el recurso se denuncia la vulneración de los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque entre las candidatas de Pando no existen habilitadas candidatas de este sector de la población, como dispone la Ley 1549 de elecciones judiciales, al Tribunal Constitucional.

Después de admitir la solicitud, el 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia dispuso como medida cautelar la “paralización del cronograma” de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”, tema que terminó siendo resuelto en una audiencia que se desarrolló la tarde de este martes.

Asimismo, se ha dispuesto la inaplicación de la Ley 1549 de elecciones judiciales con el reglamento de dicha norma, según expuso la vocera de la Sala Constitucional.

La afectada había denunciado que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las postulantes del resto de los departamentos.

Como ejemplo, refirió que la Facultad de Derecho de la universidad pandina opera desde hace 20 años, en cambio en otras regiones ya tiene más de 100 años, por lo que no se le puede exigir a una ciudadana pandina que cuente con los mismos años de formación y experiencia profesional como se estableció para aspirantes de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz o Cochabamba.

En días pasados, el presidente de la Comisión mixta de Constitución de la Cámara de Diputado, Juan José Jáuregui, había expresado su preocupación por la naturaleza y el enfoque de la acción popular, pero fundamentalmente por el resultado que podría tener, ya significa que puede paralizar de “forma definitiva” el proceso de preselección.