Representantes del movimiento cívico nacional reunidos en la ciudad de Potosí demandan que la Asamblea Legislativa Plurinacional asuma su rol constitucional de legislar, debatir y hacer cumplir la primacía de la norma, por sobre cualquier fallo de una sala constitucional judicial.

Dicen que, en este momento crucial del país, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe dar certidumbre al pueblo boliviano, cumpliendo su deber constitucional de seleccionar las ternas de postulantes probos que serán electos en un proceso eleccionario en el que el voto ciudadano decida bajo el concepto de la meritocracia.

Remarcan que, en consenso con sus organizaciones, definirán acciones concretas para exigir se cumpla ese cometido y, en caso de incumplimiento de la demanda, asumirán acciones que el caso amerite.

Demandan garantizar seguridad jurídica a inversores en el rubro de hidrocarburos por ser elemento jurídico vital para viabilizar inversiones extranjeras, asumiendo el modelo de alianzas público-privadas.

Los Departamentos productores de hidrocarburos exigen una nueva Ley de Hidrocarburos que beneficie al país y establezca la compensación por daños ambientales causados por la extracción de recursos naturales en el sector de hidrocarburos, trabajada y consensuada con las regiones productoras.

También piden la devolución del fondo de inversión de exploración y explotación de hidrocarburos (12% del IDH) a las entidades autónomas, para que las regiones lo administren en beneficio de sus territorios y población.

El movimiento cívico nacional demanda que las instancias llamadas por ley inicien el juicio de responsabilidades a los responsables del daño económico al Estado por el proyecto “fallido” de industrialización del litio, resultado de la auditoria de dos años al proyecto que determinó que la tecnología fue equivocada, causando un daño millonario al país.