Una nueva acción de amparo constitucional paraliza una vez más el proceso de las elecciones judiciales hasta la realización de la audiencia del caso.

“Se dispone la paralización de la convocatoria y el calendario y/o cronograma de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, disponiendo dicha paralización hasta la realización de la presente audiencia”, señala el auto de una sala constitucional del Beni.

El recurso fue presentado por Heidy P. M., contra la Comisión Mixta de Constitución y Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea y la Comisión Mixta de Justicia Plural del Ministerio Público y Sistema Electoral.

La accionante señala que se presentó la impugnación “como ciudadana en ejercicio de mis derechos políticos contra el postulante Jesús Martínez Subirana”.

El amparo explica que la accionante inicialmente presentó una impugnación contra Martínez debido a que éste “no cumple con los preceptos y requisitos legales para ocupar la magistratura a la postula”.

Según el documento, el postulante fue “sancionado en dos oportunidades con falta grave en ejercicio de funciones”, además la accionante acusó a Martínez de “falsedad” respecto a que fue docente de la Universidad de la Amazonia Boliviana en el periodo 2008 al 2011, y también lo acusó de haber mentido al señalar que cumplió funciones como secretario de conflictos de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de San Borja.

El documento señala que la mujer presentó pruebas, pero que su impugnación fue rechazada manteniendo la habilitación. Por lo que la accionante considera que se vulneraron sus derechos de principio de legalidad, debido proceso, derecho a participar en la conformación de poderes público y otros.

El amparo solicita la tutela y que se “anulen las resoluciones que rechazan mi denuncia de inhabilitación del postulante Jesús Martínez, así como la resolución de revisión, emitidas por las autoridades accionadas”.

Agrega que se pide una nueva determinación que inhabilite al postulante observado.

El documento también explica que la mujer considera los “actos que cuestiona vía amparo constitucional han sido ejecutados por los miembros” de ambas comisiones por lo que dirige la denuncia contra los miembros de esas instancias.