El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, calificó como una “buena noticia” el proyecto de ley aprobado por el Senado que establece la obligatoriedad de publicar resultados preliminares en procesos electorales. En una entrevista reciente, Costas explicó que este mecanismo —conocido como TREP (Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares)— ya fue utilizado en anteriores comicios y permitiría que la ciudadanía acceda a información clara y oportuna, especialmente en la elección presidencial.

Costas aclaró que el TREP no es un conteo rápido, sino un sistema de cómputo preliminar basado en la digitalización y transcripción de actas desde los recintos de votación, cuya información se envía a un centro de acumulación. “Se toma la fotografía del acta, se transcriben los datos, fundamentalmente presidenciales, y se los transmite”, detalló. Posteriormente, se realiza una verificación y, si es necesario, una tercera revisión.

El exvocal recordó que en procesos anteriores el TREP alcanzó altos niveles de eficiencia: en 2016 se verificó más del 83% de las actas, en 2017 se superó el 88% y, en 2019, se habría llegado a más del 95% de no haberse producido la suspensión del sistema. Consideró que el uso obligatorio del TREP consolidaría una práctica ya institucionalizada, pero que hasta ahora dependía de la decisión discrecional de la sala plena del TSE.

El proyecto de ley también establece la creación de una comisión de acompañamiento con participación de organizaciones políticas, sociedad civil y universidades. “Eso es fabuloso”, afirmó Costas, quien insistió en la necesidad de que el sistema sea tan rutinario que incluso pueda aplicarse en elecciones de colegios profesionales.

Uno de los puntos destacados del proyecto es que ordena publicar los resultados preliminares “a partir de las tres horas del cierre de la votación” y hacerlo de manera continua hasta su conclusión. “Aquí ya no hay la posibilidad de que un iluminado, o esa iluminada que nos tocó en 2019, corte”, afirmó en referencia a la interrupción del TREP en las elecciones generales de ese año.

Sobre el financiamiento del sistema, Costas indicó que en 2019 su implementación costó aproximadamente 8 millones de bolivianos. “No es un presupuesto que pueda causar preocupación para una actividad tan importante”, dijo. Advirtió, sin embargo, que si la ley no se promulga o se argumenta falta de recursos, ello podría afectar seriamente la credibilidad del proceso electoral.

Finalmente, subrayó que el sistema también permite trazabilidad de los datos, desde el momento del cierre de mesa hasta la publicación de los resultados, lo que fortalece la transparencia y confianza ciudadana en el proceso.