El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, cuestionó el silencio de la Asamblea Legislativa y advirtió del riesgo que implica la falta de aprobación de los proyectos acordados en una reunión política-institucional para asegurar las elecciones de agosto, entre ellos sobre preclusión y recursos para el sistema de trasmisión de resultados.

“Extraña (de) sobremanera el silencio de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre ambos proyectos de ley, cuando el contenido de los mismos supera en importancia a los otros proyectos que están en tratamiento y son claves para que las Elecciones Generales 2025 se desarrollen con normalidad y pueda efectuarse la posesión de las autoridades electas el sábado 8 de noviembre de 2025, en sujeción a las previsiones constitucionales establecidas al efecto”, afirmó Hassenteufel en una carta dirigida al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea, David Choquehuanca.

En la misiva, difundida por la red Cadena A, el presidente del TSE insta al titular del Legislativo realizar las “gestiones para el tratamiento y aprobación de ambos proyectos” y a nombre del TSE “deja constancia del riesgo que representa que no se asuma la responsabilidad del tratamiento legislativo de los proyectos de ley” que fueron remitidos al Legislativo entre el 18 y 20 de febrero, luego del Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia.

Se trata del proyecto de ley 428/24 elaborado por el ente electoral para garantizar el respeto al principio de preclusión, y que fue enviado al Legislativo. Esta norma pretende garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, para que no suceda lo que pasó con las elecciones judiciales de 2024, cuando se lo vulneró y los comicios terminaron siendo parciales.

La iniciativa propone, de inicio, la modificación del inciso k) del artículo 2 de la Ley 026 del Régimen Electoral.

“k) Preclusión. Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán, por ninguna autoridad pública, sea legislativa, administrativa o jurisdiccional, en materia ordinaria o constitucional; siendo nula de pleno derecho, todos los actos, resoluciones, sentencia o disposición legal que tenga por finalidad pronunciarse contra este principio esencial garante del derecho al sufragio de los ciudadanos y las ciudadanas, y por consecuencia, eludir, impedir o distorsionar su cumplimiento", refiere la propuesta.

Además, plantea la modificación del parágrafo II del artículo 11 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional con el siguiente texto: “Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, en materia electoral, son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que correspondan al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; no obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional respetará el principio de preclusión en todas sus decisiones".

La propuesta aún no fue agendada en la Comisión de Constitución, donde sí se aprobó el proyecto de ley para poner en operaciones el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares para las elecciones generales del 17 de agosto. Pasó al plenario, pero la directiva de Diputados lo devolvió a la Comisión por observaciones sobre su financiamiento y la participación de las organizaciones políticas.

A esta iniciativa se suma el proyecto de ley 427/2024 que determina que los fondos destinados al fortalecimiento público de las organizaciones políticas no sea aplicable para la gestión 2025 con el fin de destinar ese presupuesto a garantizar la transmisión de resultados preliminares, en el que también se incluye la autorización legislativa para que el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales departamentales puedan realizar contrataciones directas de bienes, servicios y consultorías.