El Órgano Ejecutivo asignó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un presupuesto de Bs 319 millones para la organización de las elecciones generales del 17 de agosto, que representa un incremento de Bs 118 millones respecto a lo dispuesto para los comicios de 2020 (Bs 201 millones).

“El presupuesto asignado en este momento es de 319 millones de bolivianos en total”, informó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz.

De los Bs 319 millones, Bs 50 millones se destinarán a la organización de la elección general en el exterior del país, donde los bolivianos votan para elegir al presidente y vicepresidente.

Hassenteufel explicó que se tiene asignado Bs 50 millones para el voto en el exterior, no obstante, resaltó la necesidad de que ese dinero no sea “en bolivianos, sino en dólares o euros, porque hay que hacer pagos en esas monedas en el exterior”.

Por esa situación, explicó, es importante la presencia del presidente Luis Arce en el Encuentro Nacional por la Democracia del 17 de febrero, donde también se prevé la asistencia del vicepresidente David Choquehuanca, de representantes del Órgano Legislativo y de los delegados, jefes y representantes de todas las organizaciones políticas vigentes.

“Necesitamos el compromiso del Ejecutivo y la garantía de que esos fondos de monedas extranjeras nos van a ser proporcionados”, consideró.

El presupuesto requerido para los comicios de este año será mayor en Bs 118 millones respecto al requerido para la elección general de octubre de 2020 que fue de Bs 201 millones.

En el Encuentro Nacional por la Democracia, el TSE buscará el compromiso del Órgano Legislativo para aprobar al menos tres leyes: la incorporación de los vocales electorales a la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades; la ley sobre el debate obligatorio de los candidatos y la ley sobre la paridad en las candidaturas a presidente y vicepresidente.

“Estos proyectos han sido elevados a la Asamblea y queremos el compromiso de la Asamblea, para que se puedan avanzar y aprobar”, dijo Hassenteufel.

Además, se planteará que “haya un compromiso en el sentido de que se va a respetar a plenitud el principio de preclusión”, para que no suceda lo que pasó en las elecciones judiciales de 2024, cuando decisiones electorales fueron anuladas por fallos constitucionales que obligaron a realizar elecciones judiciales parciales.

“Para el sistema electoral boliviano el principio de preclusión es fundamental”, enfatizó.

El principio de preclusión, establecido en el artículo 2 de la Ley 026, dispone que todo lo que aconteció y que no fue objeto de objeción ni de cuestionamiento en su momento, y siguiendo los procedimientos establecidos en las propias normas, queda consolidado y no hay posibilidad de modificación.