Callisaya indicó que el 43% de los jurados electorales recibieron solicitudes de voto asistido o preferente y el 30% del total de recintos electorales monitoreados se habilitó un espacio específico para el voto asistido. “Y también el 97% de los recintos electorales que hemos hecho el monitoreo, cuenta con miembros de la Policía Boliviana o Fuerzas Armadas que han ido resguardando el desarrollo de la actividad electoral”, destacó.

El trabajo de la Defensoría del Pueblo también contempló la visita a tres recintos militares y seis centros de salud en diferentes departamentos. “Tenemos algunos casos relevantes como el caso del Centro de Reintegración Social Oasis, en Tarija, donde 23 jóvenes que previamente habían gestionado su salida para ir a votar, se les estaba impidiendo. Afortunadamente, ya con la intervención nuestra también se ha logrado la posibilidad de que puedan ejercitar su voto”, comentó.

El defensor señaló también que hasta el mediodía se registraron 237 denuncias relacionadas al proceso eleccionario, de las cuales el 50% fueron subsanadas inmediatamente. La Paz fue el departamento donde se registró la mayor cantidad de denuncias, un número de 105; y Potosí con el menor número, siete quejas.

“La recurrencia del tipo de denuncia es de 46 casos referido al voto preferente, 29 casos a falta de puntos de información, 32 por temas de dificultad en la emisión del certificado de impedimento, 31 mesas de sufragio que no habían sido habilitadas en el horario establecido”, detalló Callisaya.

Conflictos partidarios

Apuntó que se tiene conocimiento de los dos casos ocurridos en el trópico de Cochabamba, uno de la explosión de un artefacto en un recinto y otro, de la agresión de un representante de una agrupación política. Ambos hechos están siendo investigados.

Sobre el supuesto intento de motín en la cárcel de Chonchocoro, Callisaya sostuvo que “el reporte inicial es que no hay ningún motín, todo se está desarrollando regularmente”.