El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, subrayó la importancia de esta colaboración, afirmando que el acuerdo refleja un esfuerzo para brindar claridad y confianza en el proceso electoral. Por su parte, Gonzalo Hurtado, presidente del TCP, calificó el encuentro como "un momento histórico", destacando que nunca antes se había realizado una coordinación de esta magnitud entre las dos instituciones.

El acuerdo llega en un contexto de preocupación pública sobre posibles interferencias del TCP en el proceso electoral, tras las controversias surgidas en las elecciones judiciales de 2024. En aquella ocasión, decisiones del TCP permitieron la prórroga de ciertos magistrados, lo que generó críticas por parte de líderes políticos y analistas.

No obstante, Hurtado aseguró que el TCP actuará con transparencia en las elecciones generales, comprometiéndose a no repetir acciones que puedan interpretarse como injerencias o postergaciones. “Las elecciones de 2025 se llevarán a cabo con total normalidad”, enfatizó.

Este acuerdo marca un paso significativo hacia la consolidación de un entorno electoral y constitucional estable en Bolivia, sentando las bases para unas elecciones inclusivas, transparentes y confiables. Tanto el TSE como el TCP reafirmaron su compromiso de proteger los derechos políticos y de participación ciudadana, fortaleciendo así la democracia en el país.

El documento firmado incluye cinco compromisos clave:

1. Certidumbre electoral: Ambas instituciones trabajarán en el marco de sus atribuciones para garantizar a la ciudadanía la normalidad de las elecciones de 2025, cumpliendo con el mandato del artículo 12 de la Constitución Política del Estado.

2. Principio de legalidad: El TSE se compromete a resolver con eficacia y probidad todas las cuestiones técnico-electorales, continuando su trayectoria de garantizar elecciones limpias.

3. Resoluciones oportunas: El TCP, bajo su jurisdicción, abordará con celeridad cualquier causa relacionada con las elecciones, asegurando el cumplimiento de la Carta Magna.

4. Colaboración interinstitucional: Se desarrollarán actividades conjuntas de capacitación y asesoramiento, como talleres y seminarios, para optimizar el cumplimiento de las normas electorales y constitucionales.

5. Protección de derechos democráticos: Ambos órganos velarán por los derechos de los votantes, candidatos y partidos políticos, buscando fortalecer la transparencia y confianza ciudadana en el sistema democrático.