Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: domingo 05 de noviembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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Contenido
Iván Manolo Lima Magne
Perfil
- Licenciado en Derecho.
- Maestría, diplomado en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica.
- Juez de carrera, abogado en ejercicio libre, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
- Docente de Derecho Penal y Derecho Constitucional (UCB).
Puntaje: 80,1
1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
El nivel de corrupción de ese Tribunal es vergonzoso. Si no hacemos algo, nos volvemos cómplices de sus abusos. Desde 1992 vengo trabajando en cambiar la justicia, soy juez de carrera egresado del Instituto de la Judicatura. Mi vocación es trabajar por una mejor justicia. Soy crítico, pero en la Constitución vigente, con relación a 2011, el proceso mejoró.
2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
La principal: eliminar por completo a los asesores y abogados que trafican con las sentencias. Utilizar el presupuesto para garantizar acceso a la justicia y no para viajes y autos para los magistrados. El compromiso político es muy importante, tenemos a muchos candidatos que van a buscar una oportunidad laboral. En realidad, estos cargos son políticos, requieren una visión de país compatible con el modelo que busca la nueva Constitución de 2009. En esta línea es necesario un diálogo con la Asamblea Legislativa que permita ajustar la normativa judicial y un pacto para destituir de manera inmediata a todo magistrado que tenga la menor sospecha de corrupción.
3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Optimizar la gestión y evaluarla, rendir cuentas sobre los más de 60 millones de dólares que se recibirán de impuestos de los ciudadanos, generar transparencia en la gestión de cada centavo que se nos entrega. La relación actual es de 18.500 bolivianos por expediente, eso es un abuso. Si toma en cuenta que el salario mínimo es de Bs 2.000, resulta que millones de bolivianos, los más débiles y a los que el Tribunal debe proteger, no pueden acercarse ni a la puerta del Tribunal. La visión del Tribunal debe garantizar la protección prioritaria de los niños, mujeres y ancianos, no podemos seguir tolerando el estado de injusticia manifiesta en el que vivimos.
4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
No lo creo. Es un paso inicial, debería ser un tribunal de transición. Necesitamos unir al Órgano Judicial, el Tribunal debe pasar a ser una Sala del Tribunal Supremo, igual que el Tribunal Agroambiental. El Consejo debe desaparecer, hay que fortalecer a la Escuela Judicial y la DAF, una urgencia es crear el jurado de enjuiciamiento. Estos cambios pueden darse interpretando que el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva no es una ficción, debemos implementar un sistema de gestión y distribución de competencias que vuelva reales esos derechos.
5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Las medidas pasan por asumir el trabajo y la interconexión con las bases de datos públicas. La firma digital y el expediente electrónico son sencillos en un tribunal que atendió menos de 22.000 casos en seis años. El rol del Tribunal debe concentrarse en casos de gravedad institucional. La selección de los casos y la posibilidad de asumir competencia en los temas complejos de manera directa son construcciones judiciales que no necesitan de ninguna ley.