En el período 1983-2005, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal, eran elegidos por 2/3 de votos de los miembros del Congreso Nacional y los jueces eran designados por la sala plena, sin embargo, a partir del año 2011, la elección para altos cargos del Órgano Judicial pasa por decisión del ciudadano y la designación de vocales departamentales y jueces es exclusiva disposición del Consejo de la Magistratura, situación que ha generado una serie de infortunios a muchos bolivianos.

Y es que a partir de la elección de 2011, los elegidos se someten a los propósitos alienados del poder político, en cambio, los vocales y jueces –aunque no todos, porque siempre hay excepciones– no solo que obedecen a presiones políticas del partido gobernante o de algunos movimientos sociales, indígenas, campesinos y originarios, sino que para optar a esos cargos, varios de ellos han tenido que realizar contribuciones voluntarias, siendo esto un secreto a voces, lo que evangeliza a la justicia, en una justicia comercial, dejando de lado la integridad profesional de hombres y mujeres estudiosos del derecho.

Sin embargo, lo más atroz de muchísimos operadores del sistema judicial boliviano, incluidos algunos nóveles fiscales y policías, es que sabiendo que el ciudadano al que están investigando y procesando no es la misma persona, o no cometió el delito, tenga que ser detenido, llevado a juicio y sentenciado a cumplir una pena de 10, 20 o 30 años de privación de libertad.

Ejemplos hay varios en el país, y lo último que colmó la paciencia de los ciudadanos es el hecho de que un médico fue inculpado y sentenciado por un delito que no habría, lo que pone en evidencia la asquerosa actitud de muchísimos jueces, fiscales y policías que, por mantenerse en el cargo, se someten a presiones del poder o de quienes, de manera circunstancial, ejercen altos cargos en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluida la Fiscalía General del Estado.

Hay casos inverosímiles, a saber, algunos fiscales de Cochabamba liberan de culpa a un estafador de 300 mil dólares, siendo confirmado por el Fiscal Jerárquico y en complicidad con la jueza extinguen la acción, sin siquiera cumplir lo que regula el Código de Procedimiento Penal, siendo los jueces disciplinarios del Consejo de la Magistratura cómplices de un sinnúmero de acciones ilegales, o un juez en materia familiar que ordena la retención de fondos por honorarios profesionales, cuando ello no está regulado en el Código de las Familias, o algunos fiscales, jueces y policías de Santa Cruz que se dejan engatusar por una hábil traficante de estupefacientes que utiliza una identidad que no es la suya, o el accionar de algún médico forense de Cochabamba que por lesión de tabique nasal (no fractura) otorga 25 días de impedimento y por fractura de fémur otorga apenas ocho días, o el oficial de diligencias o auxiliar de la Fiscalía cobra 50 bs por notificación a escasos 10, 20 ó 100 metros de distancia.

Por eso apestan el Órgano Judicial y la Fiscalía, porque la justicia se ha vuelto comercial, la rectitud profesional o honradez no cuenta, pero suma el pago por compra de varios cargos, resoluciones y sentencias que favorecen a bandidos de cuello blanco con corbata azul y camisa verde.

El autor es Abogado.