El Gobierno nacional espera que el Legislativo encuentre una salida enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE) al escenario que se presentará cuando finalice el mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, este 31 de diciembre.

“La posición del Gobierno siempre ha sido respetar la independencia de los Órganos (del Estado) y la salida tiene que ser enmarcada en la Constitución Política del Estado, sobre esa vía se tiene que ir abordando”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, a vísperas de la reunión que sostendrán este viernes los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos en el Legislativo.

El encuentro fue convocado por el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, con el objetivo de explorar alternativas frente a la finalización del mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental y los integrantes del Consejo de la Magistratura el 31 de diciembre.

El encuentro está previsto para las 09h00 de este viernes, en la Vicepresidencia del Estado.

Este año debía realizarse las elecciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional para que los electos asuman sus cargos en enero del 2024, una vez concluya el mandato de las actuales autoridades. Sin embargo, en dos ocasiones el proceso de preselección, a cargo de la Asamblea Legislativa, fue paralizado por recursos de inconstitucionalidad.

En la actualidad está en manos del Tribunal Constitucional una consulta sobre el proyecto de ley para viabilizar la preselección y las elecciones judiciales.

La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Karem Gallardo, informó este jueves que hasta antes de fin de año el ente de control constitucional dará una respuesta técnica al Legislativo.

“Está en ese momento analizándose por cada uno de los magistrados, cuál va a ser su posición”, explicó.

Problemas de fondo

La viceministra Alcón afirmó que, si bien las elecciones judiciales deben realizarse por mandato constitucional, no resolverá los problemas estructurales de la justicia.

“La situación de la justicia pasa por más allá de aquello (de las elecciones judiciales), es algo que se tiene que llevar adelante, sin duda alguna, este proceso eleccionario, pero no es que le vaya a dar una solución a nuestro país, a los litigantes, necesitamos pensar de fondo en el problema y actuar en ese sentido”, argumentó.