El primer camino a la solución es reconocer el error. De haber seguido este sencillo consejo, que aparece hasta en los saludos que inundan las redes sociales, jueces, fiscales y una forense habrían evitado el drama posterior a la muerte del bebé Alexander, hoy resurgido con mayor fuerza y devenido escándalo.

Las sospechas sobre la inocencia del médico Jhiery Fernández, convertidas en certeza cuando un informe científico dio cuenta de que el bebé no había sido violado, no fueron suficientes para que la pervertida maquinaria judicial retrocediera. Atrapada en el procedimiento penal –que instaura pasos y plazos de selectiva rigidez o flexibilidad– la sentencia ha enviado a la cárcel a un inocente y, pese a que había voces aisladas que reclamaban por esa injusticia, –nótese la ironía– la justicia optó por callar.

El informe de ADN, oportunamente presentado, es la prueba de que las autoridades judiciales y del Ministerio Público sabían que el acusado era inocente pero prefirieron dirigir el proceso hacia una sentencia condenatoria. Lo que no se sabía entonces era la razón de esa actitud. Ahora, tras la difusión del audio de la jueza Patricia Pacajes, se presume que surgió una actitud de proteccionismo hacia la forense quien se habría equivocado al emitir el certificado de defunción del bebé.

Y ahora que el escándalo se destapó, el Fiscal General, proclama los motivos por los que ese audio se hizo público, anuncia indagaciones sobre quienes lo lo propiciaron, niega cualquier vínculo con la médico autora del erróneo informe forense de Alexander, Angela Mora, y proclama que lo que dijo la juez Pacajes al respecto son "bajezas".

Pacajes, sin escuchar la grabación, asegura que lo que dice "son afirmaciones calumniosas, falsas” y amenaza con “acciones legales contra los medios de prensa ya sea escrita u oral donde han difundido".

Edwin Blanco, que fue parte de la comisión de fiscales asignado al caso, que ahora es Fiscal Departamental de La Paz y aspira a ser Fiscal General del Estado, toma vacaciones, invalida lo que dice Pacajes y considera que se trata de un intento de desprestigiarlo.

Y Amanda Dávila, periodista y exministra de Comunicación acusa a la prensa “de no buscar la verdad”, olvidando que un colega nuestro fue encarcelado cuando investigaba el caso.

La jueza Pacajes será procesada, y muy posiblemente condenada… por romper la reserva del caso y hablar de la canallada.

El remate a una agonizante justicia que se asfixia bajo la instrumentalización política y la corrupción de sus administradores.