El hecho de que el 31 de diciembre de 2023 concluya el mandato de los actuales 26 magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no provocará que “el país desaparezca” o que se paralice toda la justicia, sino que continuarán los procesos según sus plazos, afirmaron dos legisladores y un abogado constitucionalista.

“Todos los proceso van a continuar, lo que se va a parar es al justicia macro el caparazón del proceso judicial que no le da estabilidad, pero todo lo demás, y lo ha explicado y tomo las palabras de la senadora ex Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, que el tema de la justicia, en el tema de los procedimientos va a continuar”, afirmó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Aliaga.

En sintonía, Salame sostiene que “no va a desaparecer el país porque estos ciudadanos (los nuevos magistrados y consejeros) no sean posesionados el 2 de enero”; no obstante, para que la parte administrativa, que hace al pago de salarios entre otros ítems, no se detenga propone “ampliar las facultades administrativas del Tribunal de Chuquisaca para que haga de MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) y los tribunales de sentencia, tribunales agroambientales, la escuela de jueces y demás sigan operando”.

Por mandato constitucional, las elecciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP debían realizarse este año. Sin embargo, el primer proceso de preselección de los postulantes que inició la Asamblea Legislativa naufragó por observaciones sobre su constitucionalidad.

En tanto, la emisión de la segunda convocatoria a través de una ley fue paralizada porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo mandó en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que debía emitir su sentencia el 23 de noviembre.

Ante la demora, el viernes la Asamblea Legislativa Plurinacional otorgó al TCP el plazo de 72 horas para que emita su sentencia, caso contrario advirtió con iniciarles un proceso.

En las elecciones judiciales se deben elegir a 23 magistrados y 3 consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Al margen de estas altas autoridades, ambas instancias cuentan con más de 1.100 funcionarios en todo el país, quienes continuarán con su labor.

“No va a existir vacío de poder en Bolivia luego del 31 de diciembre. Después de enero del 2024 toda la justicia en el país, excepto los tribunales de Sucre, va a trabajar con total normalidad”, afirmó el abogado constitucionalista Israel Quino.

No obstante, en el Legislativo aún se estudia una vía constitucional que permita que todo el aparato judicial marche sin complicaciones.

“Analizando todas las posibilidades que tenemos y no descartamos ninguna, por supuesto, nosotros siempre vamos a trabajar por el bien del país y apegado a la Constitución, apegado a las leyes y, por supuesto, para que no se deje sin cabeza este órgano, como es el Órgano Judicial”, afirmó el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado.

En opinión de Quino, lo “que es evidente es que ni el decretazo, ni la prórroga, ni autoprorroga son salidas constitucionales”. “La única sede legislativa, institucional, democrática para resolver el destino de las elecciones judiciales y del sistema de administración de justicia es la Asamblea Legislativa”, juzgó.