En tiempo récord y con dispensación de trámite, legisladores “evistas”, “camachistas” y “mesistas” aprobaron la tarde de este lunes, en grande y en detalle, el proyecto de ley "de suspensión de plazos procesales y continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional".

La propuesta normativa fue presentada por el senador del MAS, William Torrez, como respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar su mandato y de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM) hasta que se posesione a las nuevas autoridades, que previamente deben ser electas por voto.

Las elecciones judiciales debían realizarse este año, pero los dos procesos de preselección fueron observados por la justicia retornando al punto de inicio.

Un tercer proceso, impulsado por un proyecto de ley desde el Senado, fue anulado porque el TCP declaró inconstitucional la propuesta normativa.

A poco de instalarse la sesión del Senado, pasadas las 14h30, la senadora Elena Aguilar, solicitó la dispensación de trámite del proyecto de ley de su colega Torrez para que no sea remitido a la comisión y se lo considere de inmediato en el pleno, alegando que se aproxima el receso parlamentario.

La petición logró el respaldo de más de la mayoría de sus colegas, hecho que se repitió en la votación en grande y en detalle.

La propuesta legal consta de tres artículos y dispone un conjunto de medidas para que el trabajo del Órgano Judicial y del TCP continúe a pesar de la ausencia de los 26 magistrados y consejeros, quienes fenecen en su mandato a fin de mes.

“Quedan suspendidos los plazos procesales en todas las materias según causas ordinarias y agroambientales, en materia constitucional y administrativa de conocimiento de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades jurisdiccionales elegidas por voto popular”, señala el artículo uno del proyecto de ley.

El artículo dos, referido a la continuidad institucional, establece que, en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 115 de la Constitución y a fin de garantizar el acceso a la justicia en el país, el Órgano Judicial seguirá ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento del mandato constitucional y el ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los tribunales departamentales de Justicia en todas sus salas, incluidas las constitucionales, juzgados, tribunales de Sentencia y juzgados medioambientales.

El parágrafo segundo señala que “el director general ejecutivo de la dirección administrativa y financiera como Máxima Autoridad Ejecutiva del Órgano Judicial y la directora de la Escuela de Jueces, ejercerán las atribuciones de su directorio estrictamente cuando sean necesarias en cumplimiento de la Ley 025 y definirán políticas internas respecto al manejo institucional y optimización de recursos, sujeto a fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en atención de lo dispuesto por el numeral 17 parágrafo uno del artículo 158 de la Constitución”.

Las unidades de enlace administrativo del TCP, TSJ, TA y CM continuarán cumpliendo sus funciones y coordinando actividades con sus direcciones administrativas financieras, apunta el documento.

De igual manera, el artículo tres de la propuesta establece que la recepción y custodia de causas, hasta el día de la posesión de las nuevas autoridades jurisdiccionales, estará a cargo de los secretarios generales del TCP, TSJ, TA y CM.

La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.