La justicia boliviana a traviesa uno de sus peores momentos por la credibilidad que ha perdido ante la ciudadanía, los candidatos Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Democrático Cristiano (PDC), que se medirán en una segunda vuelta electoral el 19 de octubre, tienen propuestas para atender esta crisis.

La propuesta de Jorge Quiroga parte de un primer paso: eliminar las elecciones judiciales; mientras que Rodrigo Paz propone crear una comisión meritocrática acompañada de organismos internacionales para llevar adelante una reforma integral de la justicia en el país.

“El sistema de elección, como está diseñado, solo procura barnizar la participación del pueblo para validar la imposición de afines a un partido político que transmite las instrucciones del coyuntural gobernante en el Órgano Ejecutivo”, justifica en su plan Quiroga.

Por su lado Rodrigo Paz ha señalo en diferentes contactos con los medios que para constituir la comisión meritocrática que plantea para reformar la justicia convocará a conocedores y expertos en el área, como Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia que antes de llegar a ese cargo presidió la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Constitucional.  

En sus planes, los candidatos coinciden con propuesta como la digitalización del Órgano Judicial en su conjunto y reformular la carrera judicial en base a la meritocracia y estándares éticos, introduciendo mecanismos e instancias de control social. De la misma forma, Quiroga y Paz consideran que un incremento en el presupuesto del Órgano Judicial es fundamental para reencaminarlo hacia su servicio a la población.  

Brújula Digital, a través de su espacio Brújula Electoral, le presenta las propuestas de Rodrigo Paz y de Jorge Quiroga relacionadas con la justicia. Éstas fueron tomadas de sus planes de gobierno presentados al Tribunal Supremo Electoral. 

Jorge Tuto Quiroga, candidato de Alianza Libre

Tuto Quiroga considera que para asegurar la transparencia e independencia del actual sistema de justicia que, de acuerdo a su visión, es una “amenaza contra la libertad y dignidad de los bolivianos y una amenaza contra la democracia”, el primer paso pasa por “desmantelar” el sistema de elección por voto directo de la población para los altos cargos del Órgano Judicial (magistraturas del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental)” 

De forma inmediata considera la terea de recomponer el Consejo de la Magistratura “que se convirtió en un mecanismo de generación de empleo para el copamiento de la justicia.       

La propuesta Tuto también considera un rediseño del órgano de control constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, de incrementar el presupuesto destinado al Poder Judicial, para fortalecerlo y ampliar sus servicios a todo el territorio boliviano. 

En cuando a los operadores de justicia, el candidato considera –en su plan– la implementación de una carrera judicial y fiscal que garantice estabilidad laborar al buen servidor público y permita identificar al que debe ser apartado del cargo, entre otros.

Propone una auditorías técnicas y jurídicas a la elección de servidores públicos y una coordinación con colegios de profesionales y universidades para el fortalecimiento de programas de capacitación y el establecimiento de estándares éticos. En el caso de las universidades, plantea empoderarlas para que “ejerzan el control social” de las decisiones de los jueces.

Mira a las áreas rurales y ofrece desarrollar, con los pueblos indígenas, originarios y campesinos, una nueva Ley de deslinde territorial.

También propone digitalizar el acceso a la justicia, universalizando el expediente electrónico, las comunicaciones y actuaciones que “acerquen la justicia a la gente”. 

Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) 

Rodrigo Paz considera que el sistema judicial de Bolivia necesita una urgente reconfiguración para implementar una reingeniería profunda, desde la formación profesional de los operadores de justicia.

“Sin reformas judiciales, la crisis en la justicia puede profundizarse, afectando la confianza ciudadana y la capacidad para combatir la corrupción y la criminalidad, lo que, a su vez, alimenta la inseguridad y la deslegitimación institucional”, se lee en su plan de gobierno.

 En ese contexto, considera fundamental la institucionalización del Órgano Judicial y, ante todo, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 Para lograr ese objetivo plantea la creación de una comisión para la reforma judicial “conformada meritocráticamente” y con el apoyo de organismos internacionales.

“Los mejores hombres, las mejores mujeres”, señaló en diferentes entrevistas, refiriéndose en concreto al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien dirigió la Corte Suprema de Justicia. En la propuesta de Paz también se plantea la modernización de la formación de los operadores de justiciad desde lo pregradual y postgradual. La digitalización de la administración de justicia se suma a sus ofertas electorales.

En el último tramo de la campaña electoral, Rodrigo Paz planteó el cierre del Ministerio de Justicia, instancia del Estado a la que acusó de ejecutar la persecución política en Bolivia. 

“Vamos a cerrar el ministerio de persecución, perdón quise decir el Ministerio de Justicia, ese ministerio no sirve para nada”, dijo.

Justicia desprestigiada

Durante la gestión de gobierno del MAS (2005-2025) se implementó uno de los cambios más significativos a la justicia boliviana: la elección de las autoridades judiciales a través del voto directo de la población. 

El mecanismo de selección, implementado desde 2011 (ya se llevaron adelante tres elecciones) se ha caracterizado, desde su inicio, por una alta presencia del voto nulo de la gente y por los fuertes cuestionamientos a la forma cómo en la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, se selecciona a los candidatos. El caso “chanchullos” de la diputada masista Patricia Arce es uno de los ejemplos que daño el proceso.

En la administración de la justicia se han hecho públicos una cantidad innumerable de casos de corrupción protagonizados por jueces fiscales que han y dejan numerables víctimas. La dependencia del poder político es algo innegable, lo mismo que la actuación por encima de la Constitución y otras normas por parte de algunas autoridades judiciales. El caso de los magistrados “autoprorrogados” del TCP ilustra ese capítulo. Éstos se mantienen en sus funciones pese a que éstas concluyeron el 1 de enero de 2024.