Luego de un acalorado debate, los integrantes de la Comisión Mixta de Constitución decidieron este martes esperar la notificación de la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando sobre la anulación de la preselección de los candidatos hacia las elecciones judiciales y la orden de emitir una nueva convocatoria.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, una vez se revise la resolución y las determinaciones asumidas respecto a otros 18 amparos en contra del proceso de preselección se remitirá un informe a la Asamblea Legislativa para que en esa instancia se decida el camino a seguir.

“Más allá de los enfados, de las posiciones y los discursos acalorados ha primado el razonamiento a efectos de tomar una decisión. Para emitir un informe a la Asamblea Legislativa, requerimos contar con las resoluciones de los amparos constitucionales y la decisión sobre la acción popular por responsabilidad con la Asamblea y el pueblo, pero sobre todo por una garantía de que este proceso tenga que concluir satisfactoriamente, conforme lo que establece nuestra Constitución”, explicó.

Según los vocales Jorge Luis Sotelo Beltrán y Celsa Salazar Rodas la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, impugnada por la abogada Yeny Dury Bautista, vulnera “el derecho a la igualdad tanto de mujeres como de los pueblos indígenas originarios del departamento de Pando”.

Ante esa valoración dispuso que se deba proceder a realizar “un nuevo proceso de preselección de candidatos de elecciones judiciales, basado en la realidad de este departamento de Pando, dictándose las medidas afirmativas adecuadas y flexibles para los habitantes del departamento de Pando, como las mujeres de este departamento”.

El proceso de preselección de los candidatos judiciales estaba en su última fase de exámenes orales. Fue paralizado desde el 16 de abril, como efecto de una medida cautelar que dispuso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al admitir un amparo presentado por la inhabilitada aspirante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano.

La Ley 1549 dio un plazo de 80 días a la Asamblea Legislativa para cumplir con todo este proceso de preselección. Inició el 17 de febrero con la publicación de la convocatoria y debía concluir con la remisión de la nómina de postulantes preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral el 6 de mayo. Todo quedó en foja cero.

La senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame cuestionó la legalidad de la determinación de la sala constitucional y la acusó de actuar por encima de la Constitución, porque anula no solo el proceso de preselección sino la propia Ley 1549.

Secundó la propuesta de actuar con serenidad, revisar la resolución y responder como Asamblea.

“Estamos ante un atentado contrala Asamblea Legislativa, por tanto, tenemos que exigir que continúe este proceso, porque no solo va a ser las elecciones (judiciales) sino que cada vez que alguien se sienta afectado en sus derechos va a hacer una acción y decir que se inaplica la ley que sacó la Asamblea Legislativa.¡No!, nosotros tenemos la obligación de hacer respetar la institución”, alegó.

No obstante, su colega Andrea Barrientos sugirió iniciar un proceso por prevaricato a los vocales Jorge Luis Sotelo Beltrán y Celsa Salazar Rodas que dieron curso a la acción popular.

La mayoría respaldó la decisión de esperar la notificación para asumir determinaciones.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, indicó que se irá elaborando el informe sobre los 18 amparos resueltos y luego se incluirá la resolución de la sala constitucional de Pando, para que la Asamblea Legislativa defina si el proceso de preselección continuará o no.

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