Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural declararon un cuarto intermedio y suspendieron los plazos en la preselección de candidatos a las judiciales hasta tanto se conozca el fallo sobre dos recursos presentados por dos candidatos inhabilitados.

“Declaramos cuarto intermedio hasta nuevo aviso”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, al final de una prolongada sesión donde se conoció la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en favor de la candidata inhabilitada Margarita Medrano Mayta.

La medida cautelar paralizó el proceso de preselección en el Legislativo, que se encuentra en la fase de exámenes orales. La audiencia de Medrano Mayta, para resolver el amparo presentado por vulneración de sus derechos, está fijada para el lunes 22 de abril.

Si bien en la sesión Rejas dijo que no lo habían notificado y que el trabajo de la Comisión debía continuar, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, informó que tanto Rejas como el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, fueron notificados vía WhatsApp, “que es válido en este tipo de procesos”.

Rejas declaró el cuarto intermedio hasta nuevo aviso, no obstante, explicó que se continuará trabajando internamente en la definición del cronograma y la metodología de evaluación de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional, que se aplicaría una vez se resuelve el amparo constitucional, el próximo lunes.

En la sesión, la senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos informó que los plazos del proceso de preselección fueron suspendidos, y se reactivarán una vez se defina el fallo de la justicia.

También se conoció de otro recurso presentado por el candidato inhabilitado Herculiano Capusiri Casana. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales René Delgado Ecos y Alexis Angles Mercado ordenó paralizar el proceso hasta tanto se pronuncie sobre la demanda, según reveló la red DTV.

También se determinó que las 1.500 preguntas presentadas por las universidades, colegios de abogados y las escuelas de jueces para las pruebas orales sean custodiadas en un salón del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa. Una notaria de fe pública realizó el registro de la caja con las preguntas y respuestas.