El precandidato presidencial por la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, remitió este domingo una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, en la que aclara que no participó de la encuesta anunciada para este fin de semana por Samuel Doria Medina, en el marco del bloque de unidad opositora, y exige que se transparenten los contratos suscritos con las empresas encuestadoras.

En el documento, Quiroga señala que la encuesta de opinión electoral promovida y financiada por Doria Medina no fue consensuada ni acordada con su persona, a pesar de ser parte del Bloque y precandidato presidencial. Asegura que la contratación de las empresas, la metodología y el levantamiento de datos fueron definidos de manera unilateral.

“Una decisión tan importante como la elección de un candidato presidencial no puede basarse en una ilegalidad, por más que se pretenda disfrazarla”, advierte en su misiva difundida la tarde de este domingo.

En ese marco, solicita formalmente al TSE que, en ejercicio de sus funciones de control y fiscalización, requiera a Samuel Doria Medina la entrega de los contratos celebrados con las empresas que desarrollan la encuesta, a fin de demostrar que él no tuvo ninguna participación en dicho proceso.

La misiva enfatiza que su decisión de no participar en esta consulta está basada en el respeto a la normativa electoral vigente. Cita el artículo 6, numeral 10, de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que otorga a esta entidad la competencia para regular y fiscalizar tanto la propaganda electoral como los estudios de opinión con efecto electoral, incluso en etapas preelectorales.

Asimismo, fundamenta su posición en la Ley N° 026 de Régimen Electoral. El artículo 128 de dicha norma define las encuestas preelectorales como estudios cuantitativos realizados antes de una votación, con el objetivo de conocer las preferencias e intenciones del electorado. Por tanto, sostiene que deben ser fiscalizadas con el mismo rigor que las encuestas realizadas durante un proceso electoral formal.

El expresidente recuerda que el acceso a estudios de opinión es un derecho ciudadano clave para el ejercicio democrático, pero que también implica responsabilidades. Por ello, todas las empresas, instituciones o medios que elaboren o contraten encuestas con fines electorales deben registrarse ante el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) y cumplir con los requisitos técnicos, éticos y legales establecidos.

Advierte además que el incumplimiento de estos requisitos puede acarrear sanciones, dado que el artículo 238, inciso k, de la Ley N° 026 establece como delito electoral la inducción del voto mediante la elaboración o difusión ilegal de encuestas. Tal infracción puede ser sancionada con penas de uno a tres años de prisión, lo que —añade— no solo afecta a los precandidatos, sino al derecho ciudadano a decidir sobre la base de información transparente.

Quiroga recalca que el respeto a la ley es el pilar del Estado de Derecho y que, quienes han ejercido la primera magistratura del país o aspiran nuevamente a hacerlo, no pueden permitirse vulnerar la normativa electoral. “La legalidad no puede ser una opción, debe ser una obligación”, concluye.