El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió al Órgano Ejecutivo dos proyectos de decretos supremos: uno referido a la contratación de consultorías y el otro para realizar las contrataciones directas para el proceso electoral que ya está en curso.
Mientras, la Asamblea Legislativa -en Senado y Diputados- no aprobó ninguno de los cinco proyectos de ley que enviaron los vocales para “blindar” las elecciones y dar certidumbre de que los comicios no serán interrumpidos por recursos judiciales.
No obstante, el proceso electoral ya comenzó y para cumplir las distintas actividades inscritas en el calendario electoral, el TSE requiere que el Ejecutivo le dé luz verde para hacer contrataciones directas. El vocal Tahuichi Tahuichi dijo que, si no se aprueban estos decretos, incluso se pondría en riesgo los comicios.
“Requerimos realizar este tipo de contrataciones, como adquisición de bienes y servicios con celeridad. Si estos proyectos no fueran aprobados por parte del presidente del Estado (Luis Arce) y su gabinete, pondrían en enorme riesgo este proceso electoral, porque estaría conduciendo al Tribunal Supremo Electoral hacer sus contrataciones en el marco del Decreto Supremo 181, que implica hacer esas contrataciones por concurso público y eso requiere tiempos, no es rápido”, afirmó Tahuichi a EL DEBER.
El Decreto 181 al que hace referencia la autoridad, es el que establece las “normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios” que deben seguir todas las entidades públicas.
 
A pesar de que el 17 de febrero los órganos Ejecutivo y Legislativo firmaron la Declaración por la democracia, documento en el que se comprometían a “garantizar la realización de las elecciones generales”, velando por el “respeto pleno al principio de preclusión”, la Asamblea no cumplió su compromiso porque hasta la fecha no aprobó ningún proyecto de ley enviado desde el TSE.
Y son los mismos asambleístas que admiten que eso pone “en riesgo” el proceso electoral, más aún por la presencia de los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes el año pasado, sin respetar el principio de preclusión y cuando el proceso electoral ya estaba en marcha, ordenaron al TSE realizar unas elecciones judiciales parciales y anularon la convocatoria del Legislativo.
“Yo creo que todo está en riesgo mientras sigan esos cinco (magistrados) autoprorrogados delincuentes que tenemos en el Tribunal Constitucional”, dijo a EL DEBER la senadora Andrea Barrientos (CC).
El 1 de abril, en sesión plenaria, la Asamblea no aprobó el crédito japonés de $us 100 millones, del que el 10% estaba destinado al TSE para el voto en el exterior.
Ayer, el presidente Luis Arce nuevamente lamentó que el Legislativo no cumpla sus compromisos y pidió a las tres fuerzas políticas cumplir y aprobar al menos el crédito japonés. De su lado, aseguró que el Ejecutivo reservó los 310 millones de bolivianos para las elecciones. Lo que hace falta son los dólares.
“Están reservados 310 millones de bolivianos aproximadamente para llevar adelante las elecciones. Hemos pedido al ministro de Economía (Marcelo Montenegro) que se reúna con el equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral para que puedan avanzar en el cronograma de los desembolsos que requiere el tribunal electoral para llevar adelante las elecciones en esta gestión 2025”, dijo ayer el jefe de Estado.
En el Legislativo están pendientes el proyecto de ley 428/24 para garantizar el principio de preclusión, el proyecto 459/24 que obliga a los partidos inscribir al menos el 80 % de titulares y suplentes. También el proyecto de ley 112/24 “sobre debate electoral público y obligatorio” y el proyecto de ley 427/24 que implementa el sistema del TREP.
 
El expresidente manifestó que la situación es clara y denunció que las encuestas son de Samuel Doria Medina. Amparo Ballivián llama a salvar al bloque de unidad